La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que la exmilitante del PSOE Leire Díez y el exsecretario de Organización Santos Cerdán crearon una trama que buscaba proteger al partido y, «directa o indirectamente», al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Según el atestado policial de la entrada de la semana pasada en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, ordenada por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, el grupo llevó a cabo «actuaciones indiciariamente delictivas» entre 2024 y 2025.
En el caso de Cerdán, se indica que utilizó su «posición y capacidad de influencia» para «orientar» la resolución de expedientes judiciales que afectaban al partido o al gobierno, y que tenía un papel preponderante en la trama, mientras que Díez actuaba como «subordinada» suya. El atestado también detalla que durante los registros que hizo la Guardia Civil se intervinieron 19.850 euros en el domicilio del exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, también investigado por su papel en la trama.
En cuanto al registro en la sede del PSOE, los agentes se llevaron dos ordenadores portátiles, un disco duro externo y uno interno donde se volcaron todas las copias de correo electrónico, siete cajas de documentos y dos contenedores con papeles que el propio Cerdán había tirado, así como un conjunto de hojas con anotaciones manuscritas y una carpeta de la empresa Oliver Abogados.
Además, en los sucesivos registros, los agentes volcaron los buzones de correo electrónico de Cerdán, Díez y Javier Pérez Dolset; un informe sobre la estructura del personal del PSOE; protocolos de control de accesos y registros de entrada de vehículos al garaje. También información de recursos humanos, facturas de agencias de viaje, los presupuestos de los ejercicios 2024 y 2025 y los libros de contabilidad.
El papel de Cerdán y Díez
El atestado policial conocido este miércoles otorga un papel «superior» a Cerdán dentro de la presunta trama creada en el entorno del PSOE para «desestabilizar procedimientos judiciales». «Se han acumulado indicios de su toma de decisiones estratégicas en la evolución del grupo, de su papel aparentemente preponderante en la configuración del mismo y de su participación en los beneficios», apunta la UCO.
Santos Cerdán tendría un papel «preponderante» en la trama, y Leire Díez un rol «ejecutivo»
» Lo que revela el análisis efectuado es que Santos Cerdán, como secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios habría asumido el coste de la actividad investigada, habría permitido que ésta se valiera de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, habría aportado sus dependencias para la celebración de reuniones o habría asumido el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos, etc.) de algunos de sus miembros», indica el atestado.
En cuanto a Díez, se cree que tenía un rol «ejecutivo», coordinaba las actuaciones de los miembros de la organización, daba instrucciones, asignaba roles y mantenía una interlocución constante con Cerdán a través de reuniones presenciales celebradas en la sede del PSOE.
«Capacidad de soborno y de influencia»
La policía destaca la «capacidad de soborno y de influencia de la organización». Por un lado, ofreciendo a determinadas personas investigadas la posibilidad de obtener un «trato procesal más favorable, beneficios económicos o puestos de trabajo dentro de la Administración pública» a cambio de facilitar «información comprometedora relativa a terceros», especialmente de miembros de la judicatura, la Fiscalía y la Guardia Civil encargados de la instrucción de las causas que afectaban al partido.
«Por otro lado, también se habrían realizado ofertas de carácter económico a determinadas personas con el propósito de que modificaran sus declaraciones judiciales de manera favorable a los intereses perseguidos», apunta el atestado.
La organización ofrecía beneficios a terceros a cambio de información comprometedora y de cambiar declaraciones judiciales
La investigación también recoge que se habrían materializado pagos procedentes del PSOE mediante la emisión de facturación falsa y, en algunos casos, a través de la interposición de sociedades, lo que habría beneficiado a Díez por un importe de 22.500 euros (IVA no incluido) en una operación que habría utilizado hasta dos sociedades con la finalidad «de encubrir el origen de los fondos».
También se habrían articulado pagos al abogado Jacobo Teijelo por un importe de 125.000 euros (IVA no incluido) que tendrían como destinatario «un tercero».
«Acciones Cataluña»
El atestado también revela que la Guardia Civil localizó dentro del portátil de líez un archivo denominado «Acciones Cataluña» que incluye referencias a la ley de amnistía, Junts, al excomisario José Manuel Villarejo, al fiscal José Grinda y la propia UCO. El archivo, creado el 27 de abril de 2025, establecía una estrategia para actuar contra actores que supuestamente participaron en la guerra sucia contra el independentismo.
Díez apuntaba que había que cerrar «tan pronto como sea posible» la comisión de investigación de la operación Cataluña para elevar las conclusiones a la Fiscalía, y planteaba obtener información de Villarejo que «sobre todo lo que afecta al Tribunal Supremo, jueces y fiscales».
La organización de Díez habría presentado una denuncia contra el fiscal Grinda, ‘enemigo’ de Junts
Sobre Junts, recordaba que la formación de Puigdemont quería que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareciera por el espionaje, pero recomendaba «separar los planes» porque esta cuestión «sólo afecta a (Gonzalo) Boye» y ya se habían hecho otros movimientos «para ayudar» al abogado de Puigdemont, y «se había trabajado» con abogados «para que no firmen conformidades».
También recordaba que Junts insistía en que «no se han hecho movimientos para limpiar a los agentes de la UCO y de la UDEF que han estado participando en las operaciones» contra el independentismo, pero sostenía que «no es así». Y apuntaba que pasaba lo mismo «con la Fiscalía», porque «ellos dicen que sigue el fiscal (Grinda) que inició toda esta operación«.
«Se les planteó que, con el expediente completo, pusieran ellos la denuncia contra Grinda en la Fiscalía General», escribía, pero «no han querido porque es una patata caliente». Según Díez, al final sería su organización la que presentaría la denuncia contra Grinda.
«Lo haremos nosotros por dos motivos: a) por las irregularidades que se han destapado en la comisión del Congreso, y b) por el expediente de pedofilia», que no concretaba. En este sentido, apuntaba que «se podría valorar» que «cesar a Grinda fuera una exigencia en la negociación».
La exmilitante del PSOE estaba pendiente de información de Villarejo sobre el Supremo
La exmilitante del PSOE también recordaba que «uno de los obstáculos» para la aplicación de la Ley de amnistía era el Tribunal Supremo. «Nosotros también lo sufrimos. Se puede decir que estamos avanzando. Yo creo que estamos en la meta volando antes del final de la etapa» para que «el acuerdo entre Villarejo y Paco Martínez (el exnúmero dos de Fernández Díaz) se ejecute y nos podamos hacer con la documentación de Villarejo sobre todo lo que afecta al Tribunal Supremo, jueces y fiscales».
Díez también escribía que disponía del Informe Colombo, un documento interno elaborado en 2014 por Asuntos Internos de la Policía Nacional que se considera el origen de la policía patriótica. Según el exmilitante del PSOE, era un documento que «beneficia» a los independentistas, pero que «no les facilitará, al menos de momento, para tener una carta guardada».
20.000 euros en anuncios del PSC
La Guardia Civil apunta a que la supuesta trama pagó 20.000 euros a un diario digital afín mediante anuncios para la campaña electoral del PSC en las elecciones al Parlament del 2024.
Basándose en mensajes entre Díez y la periodista de este digital ya fallecida Patricia López y en unos audios publicados hace unas semanas por El Confidencial, la UCO llega a la conclusión de que el digital Crónica Libre cobró unos 20.000 euros en banners publicitarios de la campaña del PSC. En concreto, la agencia de medios que realizaba la campaña insertó los anuncios y pagó por orden del PSOE.
El origen de la trama
La UCO sitúa en el año 2020 el origen de la trama para dificultar investigaciones judiciales en el entorno del PSOE, unos cinco años antes del estallido del caso Koldo. Según el atestado, el grupo ha mantenido una «acción continuada» desde entonces, y el caso que investiga la Audiencia Nacional es la «continuación» de las acciones que el grupo criminal habría efectuado anteriormente.
«Resulta necesario poner de relieve la importancia que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) habría tenido en los hechos investigados, no sólo porque en su ámbito societario es donde el grupo (…) habría desplegado principalmente su actividad presuntamente delictiva, sino porque es precisamente la dimisión y posterior cese de Vicente (Fernández) como presidente de la misma lo que habría propiciado la creación del grupo, poniendo de manifiesto, a partir de los elementos que constan en la causa, el interés de Santos por que Vicente continuara al frente del organismo o, posteriormente, por introducir a Leire en su estructura con el objetivo de mantener cierta influencia sobre la misma», señala el atestado.
Según apunta la UCO, la relación entre Leire y Vicente se remonta al año 2019, cuando ésta ejercía funciones como responsable de comunicación de ENUSA. Posteriormente, y a través de Cerdán, ambos (Leire y Vicente) conocieron a Antxon Alonso, otro de los implicados. Por su parte, la relación entre Santos Cerdán y Vicente Fernández se remonta al menos al año 2018.
