El día 29 de este mes debía concluir formalmente la instrucción del llamado Barçagate en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde hace casi dos años que no se realizan diligencias de ningún tipo que guarden relación con la causa principal abierta en su día, presuntamente por la producción de tuits institucionales desde una empresa de monitorización y de diseño reputacional externa al FC Barcelona, Nicestream, contratada por decisión del asesor a la presidencia Jaume Masferrer. No será así porque, por ahora, la base de la acusación clave contra el expresidente Josep Maria Bartomeu sigue sin haber sido presentada por Mossos d’Esquadra en un informe que pronto hará tres años que se demora y que tampoco llegará a tiempo de poder cerrar la instrucción a final de mes.
Aparte de querer estirarla más allá de cualquier límite razonable, los expertos en materia procesal no dudan que este retraso injustificado e incomprensible sólo puede atribuirse a una negligencia por parte del cuerpo o a su voluntad de manipular y controlar los tiempos judiciales en favor de determinados intereses que, en ningún caso, serían los de los investigados, principalmente contra Bartomeu, que siempre ha aparecido como la pieza de caza mayor contra la que ha disparado Mossos desde el lejano 1 de marzo de 2021 cuando realizaron, sin un mandato de la jueza del caso, una serie de registros y la detención del expresidente, retenido una noche en las dependencias policiales y llevado ante la jueza esposado presuntamente por el delito de haber ordenado el envío de tuits.
En la exagerada dimensión mediática alrededor del caso, gracias a que el aparato laportista supo convertir ese probable delito en una especie de delito criminal de una magnitud y gravedad sin precedentes en la historia de la humanidad, ha tenido tanto que ver Mossos, con sus disparatadas actuaciones, como su canal oficial de propaganda y ruido, el espacio ‘Què t’hi jugues’ de la SER, donde se ha cocinado un explosivo y picante plato periodístico bautizado como Barçagate, con la complicidad manifiestamente parcial de la agencia EFE y otros espacios digitales ávidos de medallas y reconocimientos a cambio de ser la voz de la mano que mece la cuna.
El maledicente proceder de Mossos se ha reflejado en el mal uso, delictivo para los abogados de Bartomeu y más que sospechosos para la propia jueza, del material incautado (audios, correos, whatsapps, escuchas y documentación escrita) en distracciones y desvíos de la pretensión principal de la acusación, que prácticamente ha pasado a un segundo plano, olvidada, para ir salpicando la actualidad barcelonista a conveniencia del relato laportista con informes puntuales y estridente sobre posibles compras de periodistas o delitos de relevación de secretos que, uno tras otro, primero han parecido que acabarían prácticamente en el ‘corredor de la muerte’ y después han decaído y finalmente han sido desestimados porque los informes se habían forjado desde Mossos con mucha más imaginación que sustancia.
La sensación es que se habían instrumentalizado estos informes de Mossos, ciertamente poco profesionales, para sacar el foco de las crisis sucesivas, deportivas o institucionales, del agitado mandato de Joan Laporta.
Hoy la causa sigue como al principio, limpia, sin más causas paralelas que la querella de Jaume Roures por injurias y calumnias, inicialmente archivada y reabierta extrañamente por la Audiencia Provincial sólo por injurias una vez admitidas que las informaciones sobre los sobornos de Mediapro y otros delitos eran veraces y no podían considerarse calumniosas, una reapertura que no beneficia realmente los intereses de Mediapro, menos aún ahora que Roures ha sido despedido.
Lo que no tiene sentido ni explicación es que desde Mossos se hayan realizado informes que poco tienen que ver con la causa, pisando ese terreno pantanoso y arriesgado de rebuscar en el material para intentar destapar otros delitos y llevándose alguna severa amonestación de la jueza, y no hayan concluido el informe central con esas conclusiones que muchos medios ya han avanzado como delitos y una más que segura condena penal.
Por ahora, sin embargo, la jueza no solo no dispone de ese elemento clave para evaluar los presuntos delitos, considerar la posibilidad de abrir juicio oral, si procede, contra quién y con qué cargos y calibre acusatorio, o bien archivar total o parcialmente la causa. El problema añadido es que las declaraciones igualmente decisivas de los investigados como Bartomeu están pendientes y razonablemente no se producirán hasta que Mossos hagan su trabajo y presenten sus conclusiones.
Fuentes próximas a esta coyuntura judicial recelan de esta estrategia de Mossos porque no han solicitado la práctica de otras diligencias complementarias y porque habiendo repasado el material para otras distracciones no debería haber motivo que explicase un retraso. Más bien conjeturan que Mossos no ha podido encontrar realmente la forma de imputar a Bartomeu ni el delito ni las consecuencias que mediáticamente han sido tan escandalosamente predichas sin más fundamento que ese amarillismo de una prensa que también ha agotado todos los recursos para llamar la atención del barcelonismo. Hasta ahora, las resoluciones judiciales han favorecido la defensa de Bartomeu, que es a quien se pretendía criminalizar, con novedades que, como es lógico, no abren los informativos ni se tratan con el mismo despliegue de titulares, tiempo y debates que la especulaciones alimentadas desde un sector de la policía autonómica.
El remate es que tanto Barça como Roures, personados en la causa, han solicitado una ampliación del periodo de instrucción de seis meses. Le han echado un cable a Mossos como si jugaran todos en el mismo equipo. Al final puede que agoten la paciencia de la jueza.
