El Consejo de Ministros ha acordado este martes desclasificación parcial de la documentación sobre el espionaje con Pegasus al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en 2020, cuando era vicepresidente del gobierno.
La desclasificación permitirá conocer los argumentos del juez que autorizó el espionaje, pero no incluye los métodos ni la documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que es quien ejecutó la acción.
El gobierno español responde de este modo a la petición del juzgado de Barcelona que investiga el espionaje a Aragonès fruto de una querella de este contra la que fue directora del CNI, Paz Esteban, y la empresa israelí NSO que comercializa el software.
Una vez aprobada este acuerdo, el ejecutivo facilitará los documentos desclasificados al juez que lleva el caso, y este decidirá si los facilita a las partes.
La portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, ha querido dejar claro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta es una desclasificación «parcial» que el ejecutivo español aprueba «para este caso concreto» en respuesta a la petición del juez de Barcelona que investiga el espionaje a Aragonès, Santiago García.
