Gracias a la observación, o a una imprudencia, los periodistas han deducido que el censo del FC Barcelona no se ha actualizado a día 1 de enero en función de los resultados del proceso de actualización que debió concluir el 30 de junio pasado y que, avanzado 2024, no existe ninguna constancia de que haya terminado. La confusión ha alcanzado un punto extremo, casi mítico, también en esta cuestión, pues algunas fuentes apuntan la posibilidad de que la oficina de atención al barcelonista (OAB) siga atendiendo aún hoy a socios despistados, principalmente porque la junta de Joan Laporta aún no sabe qué hacer ni cómo presentar una disminución de al menos 20.000 socios a los que, se supone, se ha presentado el carnet (2024) de socio al cobro, manteniendo así la base social más o menos igual que el año 2023 e idéntico número de abonados, si es que los que aún no habían realizado el trámite de regularización era porque se habían despistado, no se habían enterado o realmente ya no quieren pertenecer al FC Barcelona por la razón que sea.
El desaguisado es histórico a la vista de otro episodio de improvisación y de absoluta falta de autoridad y seriedad por parte de una directiva que primero promueve un proceso de identificación de los socios, que luego lo frena porque es ilegal la prueba de voz, después lo reanuda sin comunicarlo del todo a miles de socios, y que finaliza en junio con un balance absolutamente catastrófico de socios correctamente censados. En aquel momento no se dieron las cifras por escandalosas, de forma que se reabrió y extendió el procedimiento hasta octubre, también con resultados tan frustrantes que el propio síndico del socio, Joan Manuel Trayter, solicitó una prórroga extraordinaria de un mes hasta finales de noviembre. Las tímidas y tan poco convincentes llamadas de la junta a realizar un trámite fácil y online no produjeron tampoco un efecto demasiado evidente, pues el club acabó oficialmente que 110.531 socios estaban dentro y que 30.770 se habían quedado fuera.
De nuevo, como si se tratara de una broma, desde la junta se informó que se reforzaría la OAB con personal para atender hasta final de año a aquellos socios desorientados. Algunas fuentes señalaron que unos 10.000 habían salvado el match point, pues sin haber cumplido con el proceso de autentificación a partir del día 1 de enero de 2024 el resto perdía la condición de socio, y, por tanto, el abono, además de la antigüedad y todos los derechos como el de poder votar.
Pasado fin de año, finalmente, la junta no se ha atrevido a aplicar las consecuencias de tanto embrollo, tantas molestias, dudas y desorganización, algo que se ha podido constatar de la forma más absurda con motivo de la presentación del nuevo goleador Vitor Roque, a quien el vicepresidente Rafael Yuste le entregó el carnet de socio. Al mostrarlo a las cámaras pudo apreciarse el número de su carnet de socio con el 147.522, o sea, incompatible con un registro que, admitido y publicado por la junta en la web de club al final del censo, no debería ser legalmente superior a esos 110.531 de 1 de diciembre, a lo sumo con esos 10.000 más que se dan por buenos de modo oficioso.
Laporta, por tanto, habrá protagonizado otro episodio insuperable por esperpéntico, chapucero y caótico que no habrá servido absolutamente para nada, excepto, como apuntan los malintencionados, para pasar al cobro 20.000 carnets inestables al precio de 215 euros el senior, 107 euros el infantil y 51 euros el alevín, en un intento por ingresar unos cuatro millones que, de otro modo, habrían quedado en ese limbo de la duda sobre si sus propietarios querían o no seguir siendo socios del Barça.
Parece claro que Laporta no se ha atrevido a aplicar el resultado del censo, que ha supuesto un gasto inútil para el club y tantas molestias para los socios que tampoco no habrán servido para nada. El presidente temía el impacto social y mediático de una deserción de barcelonistas que no se acabará proyectando hasta el 2025.
Para añadir una vis cómica a esa presentación de Vítor Roque, de 18 años, a él sí que se le entregó gratuitamente un carnet físico, en principio reservado a los socios mayores de 70 años o a aquellos sentimentales que lo deseen previo pago de 10 euros, lo que se ha interpretado como una forma encubierta de incrementar su precio para siempre.
La otra descalabrada y polémica decisión de la junta es el inicio de una moratoria de dos meses de duración, de cara a la regularización de datos, para todos aquellos socios abonados al Spotify Camp Nou interesados en realizar un cambio de titularidad, incluidos aquellos que no hubieran realizado la actualización de datos en el censo. La particularidad de esta moratoria que acaba el 12 de febrero próximo radica en que pueden poner a su nombre asientos si, siendo socios con al menos dos años de antigüedad, puedan demostrar haber pagado esas localidades durante las tres últimas temporadas, eso sí, previo pago de una anualidad a fondo perdido.
No faltan socios, aunque a la junta le da igual su desacuerdo y argumentos, que consideran un desagravio esta solución tan extraña para los socios que llevan años en la lista de espera, pacientemente aguardando la liberación de localidades por esa regeneración natural de los abonados que renuncian o que fallecen. Se preguntan hasta qué punto es legítima esa transmisión de localidades a terceros solo porque han estado pagando el abono de otro titular y sobre todo en qué fundamentos legales se sustenta rebatir la defensa de una reclamación por parte del propietario original.
La conclusión a primeros del año 2024 es que la junta hace y deshace a su antojo sin respetar ni cumplir sus propias pautas, entre ellas haber reiterado y anunciado incluso con cifras exactas que si a 30 de noviembre un socio no había tramitado la identificación censal quedaba fuera del mismo. Las reglas no solo han cambiado, es que ya no se sabe cuáles son ni como aplicarse, ni si una localidad es de quien la paga o de quien consta como titular. Es el nuevo caos y el despropósito corregido y aumentado.
