La proposición de ley de amnistía ha superado este martes el primer debate previsto en su tramitación en el Congreso. La toma en consideración de la norma por parte de la Cámara Baja ha salido adelante con los 178 votos favorables del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, el PNB y el BNG.
En contra han votado 172 diputados del PP, Vox, CC y UPN, que han criticado la medida de perdón, han comparado la jornada con el golpe del 23-F y han hablado de «corrupción».
Alberto Núñez-Feijóo ha aprovechado el debate para anunciar la creación de una comisión de investigación sobre los pactos del PSOE con los independentistas en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
Una vez aprobada la toma en consideración este martes, la ley continúa la tramitación por la vía de urgencia. De este modo, los grupos tienen una semana para presentar las enmiendas a la totalidad. Previsiblemente presentarán PP, Vox y UPN. Posteriormente, se celebrará un debate de totalidad que según fuentes del Congreso tendrá lugar en la segunda semana del mes de enero.
Superado este debate, donde previsiblemente las enmiendas a la totalidad del PP y de Vox serán rechazadas, la ley se debatirá en ponencia y en comisión. Los grupos podrán registrar entonces enmiendas parciales. Una vez superada el trámite en comisión, previsiblemente en el mes de febrero, se producirá un nuevo pleno para la aprobación de la ley en el Congreso.
Una vez aprobada en el Congreso la ley irá en el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta. Los populares han aprovechado su hegemonía a la Mesa de la Cámara Alta para aprobar un cambio del reglamento del Senado que permite obviar la petición de urgencia del Congreso, y por tanto agotar el plazo de dos meses de que dispone con una iniciativa ordinaria.
Una vez el Senado rechace el texto, la ley volverá inmediatamente al Congreso de los Diputados, que celebrará un nuevo debate en pleno y levantará el veto de la Cámara Alta con la misma mayoría que apoya a la norma, 178 votos. Posteriormente, el rey Felipe VI lo tiene que firmar, y la ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entre en vigor. Según fuentes del Congreso, esto podría pasar en el mes de mayo del 2024.
