El mundo ideal imaginado por el independentismo está en peligro. La cúpula del movimiento teme que la supuesta exoneración de responsabilidades después de la ley de amnistía pactada con el PSOE decaiga y que continúen los principales cargos contra Carles Puigdemont (JxCat) y Marta Rovira (ERC). Ambos habían vislumbrado un escenario prometedor después de los acuerdos de Bruselas y contaban con poder regresar a España muy pronto, tras la aprobación de la ley. Sin embargo, los frentes judiciales obstaculizan el camino y amenazan con dejar en nada los pactos alcanzados.
Fuentes independentistas confirman a EL TRIANGLE que existe preocupación en las filas de JxCat y ERC por el alcance concreto que pueda tener la amnistía y por las últimas decisiones judiciales. Los de Puigdemont ya han pedido a Pedro Sánchez que detalle más el texto de la ley. «Puigdemont está preocupado, pero no tanto. Él puede seguir viviendo en Waterloo y, si en las elecciones de la primavera de 2024 es reelegido eurodiputado, habrá cumplido su propósito y podrá jubilarse con un buen sueldo al final de la próxima legislatura. Pero quien ha entrado en pánico es Marta Rovira, que ve truncada la posibilidad de poder volver sin problemas a Cataluña», dicen fuentes independentistas. Y es que si la acusación de terrorismo contra los líderes de Tsunami se concreta, se juzga y se sentencia finalmente, ambos pueden tener incluso problemas judiciales fuera de España.
Estos dos líderes soberanistas estaban acusados de sedición, un delito por el cual la mayoría de los consellers del Gobierno de Carles Puigdemont fueron condenados y cumplieron cuatro años de prisión. Con el pacto de Pedro Sánchez con Puigdemont y Oriol Junqueras, este delito, al igual que cualquier delito de malversación económica, quedaba eliminado de sus historiales y desaparecían también sus órdenes de búsqueda y captura.
Pero la justicia tiene sus propios vericuetos y ha aguado la fiesta independentista: el sumario sobre Tsunami Democràtic deja en el aire la amnistía no solo para Puigdemont y Rovira, sino para un grupo de soberanistas que han tenido un papel protagonista en la política catalana en los últimos años. Entre ellos se encuentra el jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, o los miembros del comando de los Comités de Defensa de la República (CDR), detenidos en septiembre de 2019 durante la operación Judes, cuando planeaban atentados en Cataluña.
El motivo de la preocupación de todos ellos es que los actos de Tsunami Democràtic y las acciones planeadas por este grupo sean tipificados como «terrorismo». El texto de la ley de amnistía engloba el perdón para todas las acciones realizadas con motivo del proceso, incluyendo prevaricación, tráfico de influencias, desobediencia o malversación. Es decir, todas las acciones determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable cometidas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023.
Pero quedaban excluidos de esta medida de gracia los actos contra personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto, pérdida de un órgano, inutilidad de un sentido, impotencia, esterilidad o una grave deformidad. También se excluían los actos calificados como torturas o tratos inhumanos o degradantes, así como los actos tipificados como terrorismo «siempre que haya recaído sentencia firme». Finalmente, se excluían «los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional», así como «los delitos que afectasen a los intereses financieros de la Unión Europea».
Esto significa que un delito de terrorismo (del cual están acusados los miembros de Tsunami o los CDR) supondría prisión para sus autores si estos son finalmente condenados. Precisamente el 6 de noviembre, a las puertas de culminar el acuerdo de JxCat y el PSOE, el juez García-Castellón imputó a una docena de personas como líderes de Tsunami Democràtic: Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní, Oleguer Serra, Marta Rovira, Josep Lluís Alay y Nicola Flavio Giulio Foglia. También citó a declarar al diputado en el Parlament Rubén Wagensberg, «a quien se le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente ante este tribunal». Otra de las citadas es Marta Vilalta, portavoz de ERC, que acudió a una reunión en Ginebra. Y también figura en la lista Arnaldo Otegi, «a fin de esclarecer lo que pasó en la reunión en Ginebra».
«Igualmente, resulta necesaria la citación de Carles Puigdemont para ser escuchado sobre los hechos. Su citación, en este momento, no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado y ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio», afirma el magistrado.
El papel de Puigdemont
¿Qué pasa, entonces, con Puigdemont? «Está acreditado indiciariamente que se trata de una de las personas, a la vista del análisis de la agenda del señor Alay, que acudió a las reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019 y donde se podría haber planificado la actuación de Tsunami Democràtic». En el sumario constan comunicaciones que evidencian el conocimiento que todos los imputados tenían de la estructura y los objetivos de Tsunami. El propio Puigdemont, en una conversación con Alay, habla del «grupo de coordinación de la campaña Tsunami Democràtic» y las dudas que el jefe de la oficina tenía sobre este grupo las resolvía el expresidente.
El sumario refleja otra conversación de Puigdemont con Josep Campmajó, en la que este le dice que «o tú y Tsunami tomáis el control o tendremos que empezar a gestionar el precio de las bajas», a lo que Puigdemont responde: «Intentemos que el Gobierno se ponga las pilas». Contado y debatido, el magistrado da por hecho que todos los citados formaban parte de la cúpula de la organización.
La cuestión es que si el grupo, en el que todos se comunicaban mediante aplicaciones de seguridad y con sobrenombres para dificultar su identificación, tiene la categoría de organización terrorista, los hechos no entrarían dentro de la amnistía si hay víctimas. Por eso, el juez pide en el acta que la policía informe «sobre la defunción de la persona de la cual se hicieron eco los medios de comunicación el 14 de octubre de 2019 y su posible vinculación con la acción de bloqueo del acceso al aeropuerto, su identificación a efectos de poder citar a sus familiares como perjudicados».
También pide identificar a un agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) herido grave en los altercados del 18 de octubre de 2019 y que «investiguen su posible vinculación con la acción de Tsunami Democràtic a efectos de la posible imputación del resultado lesivo a la organización».
Si se determina que el ciudadano francés Jean-Claude Scherzinger murió de un ataque al corazón en el aeropuerto del Prat mientras esta instalación estaba bloqueada por una acción de Tsunami el 14 de octubre de 2019, la acusación contra el grupo cobra relevancia: los actos de terrorismo con resultado de muerte o lesiones graves no son amnistiables. El policía nacional aludido sufrió el impacto de una piedra en la cabeza «que lo dejó inconsciente, fue trasladado en ambulancia al hospital y tuvo que ser hospitalizado en la UCI», por lo que su caso podría decantar aún más la balanza a favor de las tesis del magistrado. En esa jornada, según el acta, hubo más de 80 policías heridos. El juez ya aceptó a mediados de noviembre la personación como acusación particular de dos agentes agredidos: uno de ellos, atacado con una botella rota, sufrió una «grave fractura abierta en el radio del brazo derecho», y después de varias operaciones «ha sido jubilado a la edad de 45 años», ya que no reunía las condiciones para seguir ejerciendo de policía debido a las secuelas. Otro agente perdió el conocimiento debido a un objeto que le impactó en la cabeza. Un tercer agente, también jubilado a los 41 años debido a las secuelas, ha solicitado personarse en el sumario, ya que después de haber sido golpeado por un objeto contundente de los manifestantes convocados por Tsunami estuvo en coma unos cuantos días.
Pero las cosas se complican aún más con otra acusación que puede surgir: la de traición. De hecho, más que la acusación de pertenecer a una organización terrorista, lo que más temen Puigdemont y, especialmente, Marta Rovira, es la acusación de traición, castigada con prisión de 4 a 8 años. Esta acusación se sustentaría en los contactos que Puigdemont y Rovira mantuvieron con representantes de otros gobiernos. «Pero, en este caso, el papel más activo e importante fue el de Rovira, según explican fuentes cercanas al caso. Ella huyó de España porque temía ser encarcelada, ya que fue la principal organizadora del referéndum y la que daba órdenes. Pero luego adoptó desde Suiza una postura mucho más activa, organizó Tsunami, daba órdenes a los consellers que estaban en el Gobierno y mantenía contactos con altos cargos extranjeros».
La acusación de traición
El Confidencial reveló que la Guardia Civil había logrado identificar a un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza, Roland Salvisberg (era el delegado de Políticas de Paz del Gobierno suizo), como el contacto de Marta Rovira, Anna Gabriel y Josep Lluís Alay para ayudar a Tsunami y a su proyecto. Este pequeño grupo se comunicaba a través de la aplicación Threema, y Salvisberg aseguraba en las conversaciones que el secretario de Estado suizo, Roberto Balzaretti, estaba al tanto de las negociaciones con el grupo. Sin embargo, falta saber la identidad de otro misterioso personaje que se reunió con los independentistas catalanes en Suiza en varias ocasiones. Según algunos indicios, podría tratarse de otro alto cargo del Gobierno suizo.
Por si esto fuera poco, Alay viajó a Rusia para reunirse con exagentes de los servicios secretos y altos funcionarios de la Administración del Kremlin, como Evgueni Primákov, nombrado en junio de 2020 director de la Agencia Federal Rossotrudnichestvo, el organismo que controla la propaganda rusa en el exterior y una de las fábricas de noticias falsas que tiene Moscú. También de estas reuniones, Puigdemont estuvo informado permanentemente.
Todos los movimientos con responsables de administraciones extranjeras pueden ser susceptibles de ser calificados como acciones de traición. En esta categoría se encontraría también Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, que contactó con supuestos espías rusos para que Vladímir Putin apoyara la secesión de Cataluña. Terradellas no está implicado en la trama de Tsunami, pero es el principal acusado en el sumario que instruye el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que provocó las detenciones de la operación Volhov en otoño de 2020.
El comentario de Puigdemont al líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, en el sentido de que no se cerraba a respaldar una moción de censura del PP a Pedro Sánchez si este no cumple lo acordado, tiene su explicación. El punto principal es la aplicación de la amnistía a todos, sin excepción. Y en el mismo acto, reveló el modus operandi de Junts, al haber obligado a Sánchez a introducir el término lawfare en el texto del acuerdo para exonerar al círculo más cercano del expresidente: «El término lawfare es como el caballo de Troya en El Padrino, una alerta de que vamos en serio». La sorprendente comparación es toda una declaración de intenciones.
Quien también va en serio es el juez Manuel García-Castellón, que instruye el sumario y que solicitó a Suiza la localización de Marta Rovira y los extractos de una cuenta bancaria suya para saber si a través de ella el italiano Nicola Foglia envió 10,000 euros para sufragar acciones de Tsunami. García-Castellón no amenaza: actúa. Y, para cubrirse las espaldas, también envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue a Carles Puigdemont, ya que, por su condición de eurodiputado, solo puede ser investigado por el alto tribunal. Y lanza la amenaza más temida por los fugitivos: «Dado que varios de los investigados en este procedimiento se encuentran fuera de España, concretamente en Suiza y Bélgica, países que han firmado los Convenios señalados, esto supone que, en el caso de que no pueda producirse el enjuiciamiento en España de estos hechos, podría quedar fuera de peligro la posibilidad de enjuiciar los graves acontecimientos ocurridos el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto del Prat en algunos de estos países, si se hace uso de los mecanismos de cooperación judicial oportunos por parte de la Sala Segunda».
Su decisión fue recurrida por la Fiscalía, que, si bien antes del verano pasado respaldaba las acusaciones de terrorismo contra los miembros de Tsunami, ahora se opone, siguiendo las directrices del Gobierno de Pedro Sánchez. Caprichos del destino: no hace mucho, los independentistas acusaban a Pedro Sánchez de utilizar políticamente la Fiscalía; ahora incitan a que esa misma Fiscalía, que depende del Gobierno, tome una decisión política que les favorezca.
El juicio al grupo de los CDR llegará antes de que haya ley
Los miembros del grupo de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en septiembre de 2019 han denunciado una operación judicial para acelerar su proceso y condenarlos antes de que se apruebe la ley de amnistía. Según fuentes jurídicas, estas acusaciones no tienen fundamento. «Es cierto que se ha señalado la fecha del juicio para el próximo mes de abril, pero después del juicio pasarán unos meses antes de la sentencia, que puede ser recurrida, lo que alargará aún más los plazos. Y la ley de amnistía que se pueda aprobar no tardará tanto tiempo, sino que será una realidad antes de que haya una sentencia firme que les obligue a ir a la cárcel si son condenados», explican desde instancias judiciales.
El juez sitúa la semilla de los CDR en el seno de la CUP, y apunta a que podrían tener su raíz en los Grupos de Defensa de la República Catalana (GDRC) propuestos en un momento determinado por Poble Lliure, aunque luego se desarrollarán en el entorno de Endavant-OSAN. Se trata de «grupos formados por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada».
Del seno de los CDR surgió después el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), «una célula integrada por los acusados, que es un grupo reducido de individuos de diferentes CDR que evidencian una gran radicalidad. La creación de esta célula viene motivada por la necesidad de contar dentro de la estructura de los CDR con un grupo clandestino de individuos de máxima confianza y que se muestran totalmente entregados a la causa, y a los cuales se les ha encargado la realización de las acciones más sensibles». De esta manera, una docena de activistas (los detenidos) «habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, que tendría como objetivo llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando explosivos y/o sustancias incendiarias fabricadas en los dos laboratorios clandestinos que la misma organización tenía instalados en domicilios particulares».
Así fue como se pusieron en marcha la docena de implicados en la Operación Judas, que supuso la desarticulación de la célula cuando ya habían comprado materiales para fabricar bombas caseras y tenían una lista de objetivos a sabotear, como comisarías de los Mossos, cuarteles de la Guardia Civil, dependencias oficiales de la Administración central o instalaciones de empresas de comunicaciones.
Los miembros del ERT, según el relato de la Fiscalía, recibían instrucciones «de un denominado CNI catalán para que aportaran la infraestructura logística necesaria con el objetivo de acometer una acción en la que se pretendía ocupar el Parlamento de Cataluña y defenderlo posteriormente». El CNI catalán ya había aportado 6,000 euros para alquilar pisos francos para los miembros del ERT y para material de telecomunicaciones, con el objetivo de comunicar el grupo asaltante con los grupos de apoyo exteriores. Los acusados Eduard Garzón, Esther García, Sònia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomàs, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado son acusados de integración en organización terrorista, de tenencia y depósito de explosivos y de tentativa de estragos. Por su parte, Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero son acusados solo de integración en organización terrorista.
La justicia determinó la conclusión del sumario el 20 de octubre y ha abierto juicio oral. Para las organizaciones y plataformas que apoyan a los implicados, sin embargo, la justicia quiere acelerar este proceso para condenarlos antes de que se pueda aprobar la ley de amnistía. Pero en círculos jurídicos se considera que un tema como este ha tenido «más que tiempo» para instruirse durante cuatro años, por lo que la justicia está en disposición de abrir juicio oral. Otra cosa es que coincida con la aprobación de la ley de amnistía. A pesar de todo, si esta ley se aprueba antes de que haya sentencia firme del caso, los miembros del grupo quedarán libres de toda culpa, porque Puigdemont (con quien los detenidos se comunicaron cuando preparaban el asalto al Parlamento) se cuidó mucho de dejar constancia de que los delitos de terrorismo quedarían exonerados si no hay una sentencia firme, lo que puede tardar años en llegar. Un milagro que solo una extraña negociación en Bruselas, sin luz ni taquígrafos, pudo conseguir.
