Acció Feminista denuncia que con el proceso judicial contra la presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, el Gobierno de Andorra «está vulnerando la libertad de expresión» de la activista. En un comunicado emitido de forma categórica este domingo, subrayan que el ejecutivo «establece un precedente en el país de persecución de una defensora de los derechos de las mujeres» que es «contrario a la democracia y al ejercicio de las libertades de todas las ciudadanas». La organización ha indicado que no comparte los «procesos penales contra activistas y personas que defienden los derechos humanos en Andorra».
La entidad asegura que con el proceso judicial que ha tenido lugar durante cuatro años y el juicio que tendrá lugar el próximo lunes 4 de diciembre, «el Gobierno está vulnerando la libertad de expresión de la presidenta de una asociación ciudadana». Además, van más allá, destacando que «el Gobierno ha establecido un precedente en el país de persecución de una defensora de los derechos de las mujeres y, específicamente, del derecho fundamental al aborto, que es contrario a la democracia y al ejercicio de las libertades de todas las ciudadanas; un proceso que ha generado miedo e inseguridad jurídica a todas las personas que luchamos por los derechos de la mujer, y concretamente, por la legalización del aborto».
Desde su punto de vista, el ejecutivo ha actuado en sentido contrario a las demandas de los organismos internacionales y de la comisionada europea de derechos humanos, Dunja Mijatović, que piden garantizar un entorno propicio para el trabajo de las defensoras de los derechos de las mujeres.
