El Tribunal de Cuentas juzga a Mas, Puigdemont, Junqueras y 30 ex-altos cargos por gastos del ‘procés’ independentista

La Fiscalía les reclama unos 3,1 MEUR y Sociedad Civil Catalana, más de 5 millones

    Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en el Parlamento de Cataluña
    Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en el Parlament de Catalunya

    El Tribunal de Cuentas (TdC) tiene previsto juzgar este viernes a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y a una treintena más de ex-altos cargos del gobierno catalán por el gasto del 1-O y de Asuntos Exteriores. La Fiscalía pide una responsabilidad patrimonial de 3,1 millones de euros, unos 336.000 menos de los inicialmente reclamados a los 35 encausados porque ha retirado del cómputo la campaña Civisme.

    Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC), también acusación, reclama más de 5 millones de euros tanto por los costes de organizar y celebrar el 1-O como por el gasto de la «política exterior» desplegada por el gobierno catalán a través del Diplocat durante los años del procés. Otros encausados relevantes son los exconsejeros Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva; los exsecretarios generales Albert Royo, Joaquim Nin y Aleix Villatoro; secretarios de departamentos y delegados de la Generalitat en el extranjero.

    Las defensas piden el archivo o la anulación del caso porque cuestionan la legitimidad del procedimiento y de los métodos utilizados, y aducen indefensión. También apuntan a que los hechos han prescrito porque han pasado más de 5 años. Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí habían pedido la suspensión de la vista por su inmunidad parlamentaria, pero la consejera de enjuiciamiento recordó que ya se denegó esta petición porque no son incompatibles la vía contable y la penal, y la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O no les es aplicable.

    También habían pedido que Puigdemont declarara por videoconferencia, cosa que el TdC ha denegado porque no ve motivos suficientes. Sí que tienen previsto declarar dos testigos relacionados con el Diplocat y una interventora de la Intervención General del Estado.

    Por otro lado, si se acaba aprobando la ley de amnistía es previsible que el grosor de los acusados se puedan beneficiar de esta medida. De hecho, ERC ha pedido suspender la vista por la previsible aprobación de la ley de amnistía.

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