La proposición de ley de amnistía que el PSOE ha pactado con los partidos independentistas catalanes beneficiará a más de 300 independentistas con responsabilidad penal, administrativa y contable, así como a 73 policías acusados de lesiones por las cargas del 1-O. Sin embargo, como ya indicó el negociador de Sumar, Jaume Asens, la ley no menciona explícitamente los casos de lawfare.
La normativa engloba 11 años del proceso independentista catalán, concretamente desde el 1 de enero de 2012 hasta este lunes, 13 de noviembre. De este modo, entrarían la consulta del 9-N de 2014, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y los disturbios en las manifestaciones después de conocer la sentencia de los líderes del procés, en 2019.
El texto que se registrará en el Congreso en las próximas horas contempla amnistiar delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación. En este sentido, la ley plantea exonerar «los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hayan contribuido a la consecución de tales propósitos».
Excepciones que contempla la ley
La ley excluye de la amnistía los actos “dolosos” contra personas con resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, pérdida o inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad. Esto excluiría de la amnistía, por ejemplo, a los policías nacionales investigados por disparar una bala de goma a Roger Español que le provocó la pérdida de un ojo. También quedan fuera de la amnistía los hechos tipificados como delitos de tortura o tratos inhumanos o degradantes, “siempre que superen un umbral mínimo de gravedad”.
Del mismo modo, los actos tipificados como delitos de terrorismo también quedan fuera de la amnistía siempre que haya sentencia firme y consistan en atentados contra la integridad física o muerte de alguna persona, destrucción masiva de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, sistemas informáticos, lugares públicos o propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico. Esto podría hacer que los CDR de la operación Judas, investigados por terrorismo y tenencia de explosivos, no se puedan beneficiar de la amnistía.
Ejecución de la amnistía
La ley se tendrá que aplicar en cada caso concreto en un plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de posteriores recursos, que no suspenderían su aplicación. Por otro lado, será aplicada por los órganos judiciales de oficio o a instancia de parte o de la Fiscalía, estén en el momento procesal que sea. El texto también indica que quienes se encuentren en prisión tendrán que ser liberados inmediatamente por los juzgados, los antecedentes penales quedarán eliminados y quedarán sin efecto las órdenes de investigación y captura, tanto las nacionales como las internacionales. Además, se levantarán las medidas cautelares aunque se presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.
La responsabilidad administrativa también tendrá que ser archivada definitivamente, y en el caso de la responsabilidad civil o contable también quedará extinguida, excepto las que ya se hayan dictaminado por sentencia o resolución administrativa firme y ejecutada. La amnistía tampoco dará derecho a ninguna indemnización para los amnistiados o al retorno de las multas impuestas.
