Una consejera de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha denegado este viernes la suspensión del juicio previsto para el próximo viernes contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y una treintena de funcionarios y ex-altos cargos del gobierno catalán y del Diplocat por el gasto del 1-O y del Departamento d’Afers Exterior.
Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí habían pedido la suspensión, pero la consejera ha recordado que ya se denegó esta petición en diciembre porque no son incompatibles la vía contable y la penal, y la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O no les es aplicable, difunde la ACN.
Además, también ha denegado la petición de la acusación particular, ejercida por Societat Civil Catalana (SCC), de realizar las conclusiones del procedimiento por vía oral, y dictamina que deberán realizarse por escrito.
La Fiscalía pide una responsabilidad patrimonial de 3,1 millones de euros, unos 336.000 menos de los inicialmente reclamados a los 35 encausados por retirar del cómputo la campaña «Civisme«. Por su parte, SCC, también como acusación, reclama más de 5 millones de euros tanto por los costes de organizar y celebrar el 1-O como por el gasto de la «política exterior», desplegada por el ejecutivo de Puigdemont a través del Diplocat en los años del procés.
Las defensas, por su parte, piden el archivo o anulación del caso, cuestionando la legitimidad del procedimiento y de los métodos utilizados, y aduciendo indefensión. También apuntan que los hechos han prescrito porque han pasado más de cinco años.
El expresidente catalán Carles Puigdemont, según la misma información, podrá declarar en este juicio. Lo ha pedido su abogado, Gonzalo Boye, y después otras defensas de los encausados. Si finalmente toma la palabra, lo hará por videoconferencia.
