El gobierno de España y el de la Generalitat de Catalunya han cargado este martes contra la declaración del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) crítica sobre la concesión de la amnistía a los encausados del procés.
La ministra y portavoz del ejecutivo central, Isabel Rodríguez, ha considerado «inaudito» que un organismo como el CGPJ se pronuncie sobre una ley «que no existe». «Se califica por sí solo», ha manifestado en rueda de prensa.
«Hubiera estado bien que esas mismas personas que forman el órgano (…) hubieran actuado con la misma celeridad sobre un tema que les afecta muy directamente, su mandato caducado en los últimos cinco años», les ha criticado Rodríguez, según recoge la ACN.
Por su parte, el gobierno catalán, por boca de la portavoz, Patrícia Plaja, ha acusado al CGPJ de querer «vulnerar el Estado de derecho» y «dinamitar la negociación» sobre la investidura de Pedro Sánchez.
«Se adelantan y se muestran contrarios sin esconderse. ¿Dónde está la separación de poderes en el Estado español?», se ha preguntado la portavoz, que también ha considerado que la investigación por terrorismo del caso de Tsunami Democràtic, que afecta a Carles Puigdemont y Marta Rovira, «es la confirmación de que la salud democrática del Estado español es tan débil que, si no se toman medidas, acabará gangrenándose».
El ejecutivo de Pere Aragonès, recoge también la ACN, ha considerado que los jueces conservadores actúan siguiendo el llamamiento del expresidente español José María Aznar, quien pidió que «quien pueda hacer, que haga; quien pueda contribuir, que contribuya» para evitar la amnistía.
