El absurdo y tendencioso intervencionismo de los Mossos d’Esquadra en el Barçagate debería ser objeto de análisis y de atención, y por parte de la propia jefatura, a la vista del último revés judicial del caso contra su pretensión de abrir causas secundarias o paralelas a base de usar indebidamente, según ha denunciado de forma reiterada la defensa de Josep Maria Bartomeu, el material incautado en su día tras el compulsivo registro realizado en el domicilio y las oficinas de los investigados y en la sede del FC Barcelona. La Audiencia de Barcelona acaba de darla la razón al expresidente Bartomeu y el resto de los encausados, Óscar Grau y Román Gómez-Ponti, CEO y responsable del área jurídica, respectivamente, excluyendo del caso un informe elaborado por la policía catalana por un presunto delito de revelación de secretos atribuido por la publicación en determinados medios de los contratos y condiciones contractuales de los exjugadores Leo Messi y Gerard Piqué.
La sentencia ha estimado que no existían los supuestos delitos y que las tres personas investigadas no habían cometido ningún acto ilícito relacionado con las conversaciones privadas y los emails que se encontraron en sus respectivos dispositivos. En tal caso, considera que no procedía incluir tal circunstancia a la causa general, también como consecuencia de la desestimación del recurso de apelación interpuesto por el FC Barcelona, así como las adhesiones al mismo, contra el auto del 22 de marzo dictado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. En definitiva, que dicho informe, además de no contener elementos indiciarios de delito alguno, no está vinculado de forma directa con la investigación a Bartomeu por la presunta contratación desde el club a la empresa I3 Ventures para desprestigiar a los que se consideraba críticos con las actuaciones de Bartomeu y su junta directiva. De hecho, la magistrada ya había lo había descartado en instrucción, además de darle un aviso a cuerpo policial por un revisionismo del material confiscado inexplicablemente distinto de la causa por la que fue incautado, hecho que está gravemente penado por la ley.
Los Mossos d’Esquadra, cuando menos esta facción obsesionada y autorizada a servir y alimentar el relato laportista de criminalización gratuita del pasado contra la anterior directiva de Josep Maria Bartomeu, también ha fabricado un instrumentado y perverso informe sobre cómo Bartomeu habría desviado recursos del Barça a través de una agencia de publicidad y de comunicación, Amalgama, para financiar que dos periodistas favorecieran su imagen pública. También en este caso, más allá de la diabólica presunta relación comercial a tres bandas -club, agencia y periodistas-, lo que cuesta encontrar son las pruebas documentales que demuestren cómo mejoraba la imagen pública del expresidente en aquel momento. Por el contrario, sería bastante más sencillo recoger muestras abundantes de crítica y de censura en los medios aludidos a la gestión de la directiva de Bartomeu.
Lo más llamativo de esta dinámica de los Mossos d’Esquadra, que el 1 de marzo de 2021 realizaron una amplia operación de registro en las dependencias privadas y profesionales de los investigados -incluida la detención y arresto del propio Josep Maria Bartomeu, que hubo de pasar la noche en el calabozo y fue puesto a disposición de la jueza el caso el día siguiente-, no solo se concentra en que su intervención no la instó la magistrada que ya instruía el caso, hecho absolutamente excepcional, ni que esposaran al expresidente para entrar en la sala -presuntamente por el delito de enviar tuits- o que sus actuaciones tuvieran lugar a seis días de la celebración de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Resulta notorio y sospechoso que aún no han sido capaces de emitir el informe central relativo a la causa. Es decir, el argumentario clave de la investigación que debería demostrar la implicación personal del presidente en la contratación de I3 Ventures con la finalidad no de monitorizar las redes y realizar acciones de apoyo institucional, sino de denostar y mancillar la imagen y el prestigio de los enemigos Bartomeu, entre ellos Josep Guardiola, Víctor Font o Jaume Roures.
Los Mossos no han concluido ese informe, al menos eso es lo que revelan algunas fuentes y parecen evidenciar los hechos, porque sencillamente no han podido encontrar las pruebas ni los argumentos que apunten a la directa paternidad de Bartomeu sobre el contenido de unas pocas cuentas de Twitter activadas desde I3 Ventures que, según su responsable, Carlos Ibáñez, no tenían otro objeto que analizar una ingente cantidad de bots -cuentas anónimas manipuladas y controladas por un solo titular- contra Bartomeu y su junta para un análisis «por cuenta propia de la empresa y sin coste para el cliente», según testificó Ibáñez. Parece demostrada también que fue el principal asesor de Bartomeu, Jaume Masferrer, quien actuó como interlocutor directo del club por lo que respecta a la dinámica de trabajo de I3 Ventures, circunstancia que exoneraría a Bartomeu de cualquier responsabilidad delictiva relacionada con su gestión. En ese posible escenario, sus responsabilidades legales se reducirían a la imputación revenida por el caso Negreira junto a dos expresidentes más, Sandro Rosell y Joan Laporta, puesto que la denuncia presentada por Laporta ante la Fiscalía no ha prosperado ni producido otra diligencia que su cauto y significativo silencio.
En una pieza separada del Barçagate, iniciada por Jaume Roures por injurias y calumnias, la querella fue inicialmente archivada y más tarde sorprendentemente reabierta por la Audiencia Provincial, aunque solo por presuntas injurias, pues los tuits que contenían actuaciones de Mediapro relacionados con sobornos en el mundo del fútbol para lograr contratos y hacerse con derechos audiovisuales, o de acusarle de colaboración con ETA, solo recogían informaciones publicadas en otros medios. Descartado, pues, el delito de calumnias.
Para las defensas de los investigados resulta concluyente que detrás del retraso en terminar el informe principal sobre la causa, sin haber mediado tampoco nuevas diligencias ni de parte ni de la instructora, Alejandra Gil, se oculta la dificultad para sostenerla en contra de la figura del expresidente y una voluntad política de mantenerla viva mientras puedan entresacarse informes tangenciales y proyectar sombras de irregularidades en la gestión de Bartomeu. Precisamente, la jueza viene demorando las testificaciones de los investigados, una cuestión procesal clave para al cerrar la instrucción con las acusaciones formales, si debe haberlas, o el archivo total o parcial en función de esos indicios que deberían aportar los especialistas del cuerpo de Mossos.
La reciente resolución de la Audiencia Provincial contra la imaginación que le está echando la policía catalana y la injustificada demora en la elaboración de sus conclusiones parece que estrechan el cerco y obligan al cuerpo a poner fin de una vez por todas a esta situación, a menos que el poderoso entorno laportista enseñe de nuevo sus garras y los Mossos sorprendan con otro de esos descubrimientos. A efectos de popularidad y de interés social y ciudadano, lo que también se ha establecido es que el Barçagate parece un juego de niños algo anticuado y de otra época, comparado con los escándalos que salpican la gestión de Joan Laporta. La diferencia sólo radica en que no hay socios instrumentalizados y manipulados para hacer ruido, con motivo o sin él. Que no hay oposición, en definitiva.
