La regulación y gestión de los recursos hídricos en Cataluña está en manos de dos organismos de la administración: la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), con sede en Zaragoza, que depende del ministerio para la Transición Ecológica; y la Agencia Catalana del Agua (ACA), que está adscrita al departamento de Acción Climática de la Generalitat. De la CHE dependen las cuencas catalanas tributarias del río Ebro (Noguera Ribagorzana, Noguera Pallaresa, Segre…), mientras que la ACA se encarga de las cuencas interiores (Ter, Tordera, Llobregat…).
La gestión de la ACA, que desde el año 2021 dirige Samuel Reyes, un licenciado en Ciencias Ambientales, está, desde hace años, rodeada por la polémica y los escándalos. El año pasado, la Audiencia de Barcelona condenó a un ex-director de la ACA, Manuel Hernández, y a un ex-gerente de este organismo, Joan Lluís Quer, a dos años de prisión por la manipulación fraudulenta en la adjudicación de un contrato de 3,75 millones de euros que benefició a la UTE de ingeniería DMA-Gestión.
Una vez abandonó la ACA, en 2002, Joan Lluís Quer fundó la empresa de ingeniería Auding, integrada en esta UTE que, en 2008, fue adjudicataria de este contrato corrupto, firmado por el entonces director Manuel Hernández. Con el retorno de CiU al poder, en 2010, Artur Mas recuperó a Joan Lluís Quer y lo fichó como presidente de la empresa pública Infraestructuras, que sería el epicentro del escándalo del 3% de financiación ilegal de Convergència.
En este sumario, Joan Lluís Quer también figura como imputado. La Fiscalía le pide cinco años de prisión por los delitos de organización criminal, fraude a la administración y delito continuado de prevaricación.
Con todo, el gran escándalo de la ACA fue la privatización, en 2012, de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), adjudicada a Acciona, en asociación con un grupo de empresarios catalanes liderado por Ferran Rodés (editor del diario Ara) y al banco BTG Pactual que, poco después, se vio involucrado en el enorme caso de corrupción Lava Jato en Brasil. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (año 2015) y el Tribunal Supremo (año 2018) anularon la privatización de la ATLL, que hoy vuelve a ser una empresa pública.
El actual director de la ACA, Samuel Reyes, también es un experto, como Joan Lluís Quer, en las puertas giratorias. Después de pasar por la empresa de ingeniería ambiental Igremap SLP, accedió al cargo de adjunto a la dirección de la ACA en 2014, bajo la protección del entonces consejero de Territorio, Santi Vila (CiU). Dejó este cargo público en 2019 para ir a trabajar a la consultora privada PW Advisory & Capital Services (PWACS), como responsable de su delegación en Barcelona. Y dos años más tarde, volvió nuevamente a la Generalitat, esta vez como director de la ACA, nombrado por la consejera Teresa Jordà (ERC).
En su paso por PWACS, Samuel Reyes coincidió con Marta Camps, delegada de esta consultora madrileña en Cataluña y las Baleares. Marta Camps, que fue teniente de alcalde de Urbanismo de la Paeria de Lleida, fue destituida del cargo en 2015 a raíz de una información publicada por EL TRIANGLE donde se explicaban sus vínculos con la empresa constructora Romero Polo, beneficiaria del contrato de privatización del alumbrado público de la capital del Segre.
El fundador y presidente de la empresa PWACS –que se ha especializado en la municipalización de la gestión del agua– también está en el ojo del huracán. Juan Pablo López Heras es uno de los imputados en la operación Lezo, por su participación, cuando era técnico de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II, en la compra, por un precio exorbitado, de una empresa de aguas de Colombia. Este escándalo, que salpica a altos cargos del PP, provocó la caída en desgracia del ex-presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Cuando era director a la oficina de Barcelona de PWACS, Samuel Reyes consiguió que la ACA, de la cual había sido director adjunto, le adjudicara un contrato. Concretamente, esta empresa fue beneficiaria, en 2020, de un encargo de “Asistencia técnica para el análisis de aguas residuales de la ACA”, con una remuneración de 14.750 euros. Este contrato entra, aparentemente, en contradicción con la Ley catalana de incompatibilidades, puesto que lo obtuvo pocos meses después de haber abandonado la dirección adjunta de la ACA.
Una vez de retorno a la ACA, Samuel Reyes también se ha acordado de la ingeniería Igremap SLP, en la cual había ejercido tareas directivas. En este caso, le adjudicó el año pasado el informe “Trabajos hidráulicos para determinar la potencial afección cuantitativa y cualitativa de las aguas de escorrentía del valle salino al antiguo cauce del Cardener a su paso por la Coromina, Cardona”, con un precio de 13.500 euros.
*Esta información puedes leerla en la edición de la revista EL TRIANGLE de esta semana
