La Comisaría para la Información y la protección de la vida privada de la provincia canadiense de Ontario ha nombrado un mediador para que resuelva la petición del profesor de la UNED José Javier Olivas de que el grupo Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto, haga público qué personas, entidades y empresas financian su funcionamiento e investigaciones. Olivas viene reclamando desde hace más de un año que Citizen Lab detalle cuáles son sus fuentes de financiación. Este colectivo es el que, en abril del año pasado, puso en circulación un informe que bautizó como CatalanGate, según el cual los teléfonos y dispositivos digitales de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya habían sido espiados con los programas Pegasus y Candiru. Citizen Lab no solo se ha negado a desvelar las fuentes de financiación sino que también ha impedido que un comité de expertos independientes contraste los datos en los que basa sus acusaciones. Esa actitud del laboratorio canadiense, dirigido por Ronald Deibert, alimenta las sospechas de que el CatalanGate haya sido propiciado y financiado por los propios independentistas que luego lo han divulgado.
Olivas ha reclamado reiteradamente a la Universidad de Toronto “las fuentes de financiamiento de Citizen Lab y el monto de los fondos proporcionados por cada uno de los financieros, sean personas u organizaciones, desde 2017 (incluidas las fechas)”. Ha pedido asimismo que se “incluya una breve nota sobre el tipo de línea de financiación (por ejemplo, donación, pago, beca de investigación, etc.) y también si cada una de estas líneas de financiación está vinculado a un proyecto específico (nombre del proyecto), además de incluir los fondos recibidos y comprometidos”.
La respuesta de la Universidad de Toronto ha sido siempre que no puede facilitar esa información “porque se puede esperar razonablemente que perjudique los intereses económicos o la posición competitiva de la Universidad” y que “existe riesgo para la salud y la seguridad de las personas implicadas si se divulgan esos datos”. Estas explicaciones contradicen el espíritu de transparencia que debe regir en toda universidad pública, canadiense o española”.
La carta que la Comisaría para la Información y la protección de la vida privada de Ontario ha hecho llegar al profesor Olivas, fechada el pasado 10 de octubre, determina que si el recurso no se resuelve mediante la mediación, se procederá a un arbitraje interno más profundo.
Olivas ha solicitado más información a Citizen Lab, además de sus fuentes de financiación, como por ejemplo una copia del contrato por el cual este laboratorio fichó al activista independentista Elies Campo, que coordinó el informe CatalanGate, y las fechas de los contactos de sus directivos con representantes del gobierno de la Generalitat y partidos y organizaciones promotoras de la independencia de Catalunya.
Una de las cuestiones que está pendiente de clarificar, y que se oculta tras la negativa de Citizen Lab a dar a conocer quien lo financia, es porqué su presupuesto saltó de 871.776 dólares canadienses en el curso 2017-2018, cuando se proclamó la independencia de Catalunya, a 3.713.603 dólares canadienses el año en que se publicó el CatalanGate, y a 7.769.573 dólares canadienses en el curso 2022-2023.
