La Audiencia Nacional manda a juicio a Fernández Díaz y a la excúpula de Interior por la ’operación Kitchen’

El magistrado rechaza la petición de los socialistas de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una imagen de archivo de una comparecencia (ACN)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado abrir juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula del ministerio por la operación Kitchen, el operativo policial puesto en marcha supuestamente para robar al extesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel. La resolución incluye los delitos de soborno, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad, obstrucción y organización criminal.

Así, se incluyen todos los delitos planteados por las acusaciones, ejercida por la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el PSOE, Podemos y la familia Bárcenas. El magistrado rechaza la petición de los socialistas de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y lo establece de forma subsidiaria para la Administración General del Estado en caso de que los investigados sean condenados.

Además del exministro, el juez también manda a juicio a quien fue secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al exdirector adjunto operativo de la policía Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo, al excomisario José Manuel Villarejo y al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva.

En cuanto a las fianzas por responsabilidad civil, García Castellón acuerda imponer una de 120.000 euros para Fernández Díaz, Martínez y Pino; una de 100.000 euros para Villarejo y Ríos; de 20.000 para Gómez Gordo, y de 3.000 para el resto, excepto para García Castaño, a quien fija la fianza en 2.000 euros. Por otro lado, en referencia a Olivera, Fuentes Gago i Díez Sevillano, el juez rechaza archivar el caso como había pedido la Fiscalía, a quien le da tres días para formular escrito de acusación o renunciar.

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