El Sindicato de Inquilinas ha reclamado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que «desbloquee urgentemente» la regulación de precios del alquiler. «La entrada en vigor en Cataluña depende de un simple trámite administrativo. Pero el ministerio sigue sin mover un dedo», ha criticado la entidad, que considera que la regulación del alquiler se ha demostrado el único instrumento capaz de revertir la tendencia alcista.
De hecho, el alquiler en Barcelona ha vuelto a registrar un máximo histórico con 1.123 euros de media durante el segundo trimestre, 36 euros más respecto a los tres primeros meses de 2023. «Esto es alarmante y una evidencia más de que dejar actuar al mercado de forma desregulada es totalmente ineficiente«, ha apuntado el sindicato, que ha recordado que «la no regulación de los alquileres genera más exclusión residencial, empobrece a las inquilinas y acaba perjudicando la economía productiva a favor de la especulación»
«Es urgente regular el mercado de alquiler y para hacerlo hay que aplicar la regulación de alquileres en Cataluña», ha insistido el Sindicato de Inquilinas, que ha reprochado al Ministerio de Transportes que esté «bloqueando» la entrada en vigor de la regulación de alquileres en el marco de la Ley de Vivienda estatal. «Territorio terminó a finales de agosto los trámites necesarios para aplicar la regulación en 140 municipios catalanes. A pesar de que ha pasado un mes y medio desde entonces (y casi cinco meses desde la aprobación de la ley), el ministerio de Raquel Sánchez sigue sin mover ficha«, ha lamentado la entidad, que ha señalado que «la ministra Sánchez está bloqueando la aplicación de su propia ley en la única comunidad autónoma que quiere utilizarla».
El sindicato ha recordado que el número de contratos firmados en Barcelona y Cataluña han caído un 9,5% y un 6,36% respectivamente, y ha explicado que «esto se debe a la nueva táctica del sector inmobiliario para extraer más rentas ofreciendo contratos de temporada, que no tienen que ser declarados en el Incasòl y se escapan de las regulaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos». «El paisaje de la ley de la selva que está dejando el mercado desregulado es desolador: se dispara la ganancia de los rentistas mientras las inquilinas cada vez sufren más abusos, y el problema de la vivienda sigue sin solución», ha constatado la organización.
