Tres de cada cuatro casos de abusos sexuales infantiles son cometidos por el entorno de la víctima, en concreto, el 39,7% son familiares y el 36,5% son del entorno conocido, sobre todo padres y padrastros. Además, el 86,5% de las víctimas son niñas o chicas adolescentes y la edad en que se concentran más casos son los 15 y los 16 años, con el 34% del total. Por otro lado, el 67% de los abusadores no tenían antecedentes penales de ningún tipo, y el 96% no tienen antecedentes relacionados con violencia sexual.
Son datos del último informe de Save the Children Por una justicia a la altura de la infancia, en que se han analizado 389 sentencias con 478 víctimas de 2021 y 2022 de casos de este tipo de violencia en cinco comunidades, 126 de las cuales en Cataluña. El 82,5% de las sentencias analizadas en Cataluña acabaron con condena, mientras que en el 30% de los casos fueron las madres quienes denunciaron, y el 20% fueron las víctimas. De todas las sentencias analizadas en España, 56 acabaron en absolución, 38 de ellas por falta de pruebas.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes. “Estos datos solo son la punta del iceberg, puesto que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual infantil llegan a denunciarse. Todavía hay la creencia colectiva de que estos casos apenas existen, y que si un niño o niña fuera abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así”, señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children.
Además, ha aumentado exponencialmente el tiempo de duración de los procesos. Durante el periodo analizado anterior, el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los 2 años. Aun así, ahora solo el 26,2% lo ha hecho en 2 o 3 años. El 24% tardó entre 3 y 4 años y el 20% entre 4 y 5 años.
Revictimización
Los datos indican también que hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta tres veces en policía, Fiscalía y juzgado. Solo en el 21,4% de los casos consta que se ha utilizado la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esta declaración en ocasiones reiteradas, a pesar de que en el 74% de los casos no consta información.
El 20% de las declaraciones tienen lugar ante el juez, pero en el 50% de las sentencias no consta esta información. En el 43% de los casos se utilizaron, además de la declaración de la víctima, otras pruebas como periciales, testificales y documentales. En el 21,4% de los juicios, la declaración de la víctima era la única prueba, y en el 70% de los casos se consideró suficiente.
Este es el caso de Carmen Corrales, gaditana de 26 años, que ha denunciado haber sufrido abusos sexuales desde los 10 hasta los 14 años por parte de su abuelo materno. Carmen tuvo que declarar cinco veces ante diferentes instituciones siendo todavía menor de edad. “Durante el proceso yo me sentí súper acompañada por parte de mis padres y de mis hermanas, pero por la justicia y el resto, no. A mí nadie me acompañó, nadie me indicó donde tenía que ir, lo que tenía que hacer… nada. Declaré, pero me sentí bajo presión”, explica.
Save the Children recuerda que, tal como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia ante la Violencia (LOPIVI), aprobada ahora hace dos años, es necesario que el gobierno desarrolle una legislación específica que marque el camino para esta justicia especializada que pueda garantizar los derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales. Esto se tiene que concretar en las medidas siguientes: Implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia; creación de una Fiscalía específica de violencia contra la infancia, que participe en todos los procesos donde haya un niño o niña víctima; formación inicial y constando de todos los operadores jurídicos; la asistencia jurídica a las víctimas, acompañándolas desde el inicio hasta el final del proceso y asegurando la gratuidad en los casos que marca la ley.
Además, uno de los aspectos básicos de esta especialización de la justicia es hacer exploraciones y pruebas preconstituidas, con el objetivo de eliminar actuaciones y declaraciones innecesarias y evitar la revictimización de las víctimas. “La prueba de abuso sexual infantil más grande es la declaración de la víctima. Por eso es fundamental disponer de los recursos adecuados para tomar esta declaración y poder usarla en el juicio. No es justo que un niño o niña tenga que explicar lo que ha pasado más de una vez, y vemos como hoy todavía es una práctica habitual”, afirma Perazzo.
