La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha reabierto la pieza del caso 3% que investigaba a varios cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como los exconsejeros Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau, Germà Gordó y también a los extesoreros Daniel Osàcar y Andreu Viloca por donaciones al partido con la supuesta finalidad de financiar ilícitamente a la formación. El magistrado Santiago Pedraz archivó la pieza en junio, pero la Fiscalía presentó un recurso en contra y ahora la sala de lo penal le ha dado la razón.
Pedraz investigaba si en 2009 y 2010 los altos cargos del partido hacían transferencias a CDC y eran retribuidos con dinero en metálico procedentes de supuestas donaciones corruptas de empresas adjudicatarias de la Generalitat. Ahora, el tribunal considera que el juez instructor tiene que seguir la investigación y pedir los informes que considere oportunos para detectar un posible blanqueo de capitales. Así, le dice que requiera documentación sobre las imposiciones bancarias de los investigados realizadas en fechas próximas a las donaciones de las empresas.
La Fiscalía decía en su recurso que en la pieza principal del caso constan donaciones realizadas por empresas a fundaciones vinculadas a CDC, como CatDem y Forum Barcelona, que supondrían “auténticas conductas de soborno para conseguir la adjudicación de contratos a través de organismos públicos dependientes de la Generalitat”. Según el ministerio público, “personas relevantes del partido influían decisivamente en la administración catalana para beneficiar a las empresas donantes”. Además, recordaba que este sistema de financiación está recogido en los hechos probados de la sentencia del caso Palau.
Las actuaciones de la Audiencia Nacional sobre esta pieza separada empezaron el 21 de abril de 2020, cuando el juez José de la Mata citó a declarar como investigados a varios cargos de CDC acusados de cooperar en el blanqueo de comisiones ilícitas pagadas por empresarios. Entonces, De la Mata consideraba que había indicios de que las donaciones de estos cargos durante los años 2009 y 2010 respondían a un «plan superior trazado por los jerarcas del partido» para blanquear dinero procedente del 3%.
Durante sus comparecencias ante la justicia, los investigados declararon que habían hecho las donaciones «en condición de militantes» y, en particular, de acuerdo con el cargo público o de responsabilidad institucional que ostentaban, porque el partido se lo había pedido debido a los problemas de tesorería que sufría.
