Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) representada por la directora de su asesoría jurídica, Teresa Launes, y el gabinete de abogados Molins Defensa Penal, representado por Jordi Pina, firmaron un contrato el pasado mes de abril que otorga a este equipo jurídico la defensa de la empresa pública en el caso del choque de dos de sus trenes en Sant Boi de Llobregat, el 16 de mayo del pasado año. El accidente se produjo cuando el tercer vagón de un tren de mercancías de FGC descarriló y chocó contra la cabina de un tren de pasajeros de esa empresa que circulaba en sentido contrario. El accidente, ocurrido a las seis de la tarde, causó la muerte del maquinista y cerca de ochenta heridos.
En la licitación del concurso para contratar la defensa de la compañía se explica que “a consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de la estación de Sant Boi el pasado 16 de mayo de 2022, entre un tren de mercancías y un tren de viajeros, ambos de FGC, se requirió de forma inmediata los servicios jurídicos para el asesoramiento y defensa de los intereses de FGC en todas aquellas actuaciones que desde el inicio fueron sucediéndose en las diferentes instancias en el marco de la investigación policial, judicial, etc.” y que “por la gravedad de los hechos, se ha generado un procedimiento judicial, que todavía se encuentra en una fase muy inicial de las diligencias previas, dado que acaba de entregarse al juzgado el informe policial con el que se inicia la fase de instrucción, pero se prevé que tendrá una complejidad considerable. Para llevar la dirección letrada, tanto en la fase de instrucción como en la fase de juicio oral a la que dé lugar, así como si fuera necesario recurrir en una segunda instancia, es necesario recurrir a la contratación externa, dada la insuficiencia de medios internamente”.
Se justifica el fichaje de Molins Defensa Penal porque “ha llevado la defensa y asesoramiento en las actuaciones inmediatas, durante estos meses desde que ocurrió el accidente, y ha estudiado y analizado en profundidad la información que se dispone hasta el momento, haciendo actuaciones en diferentes ámbitos, entre las que se encuentran las judiciales” y que, por tanto, “es conveniente seguir con la misma dirección letrada, para garantizar un mejor conocimiento y resultado de las actuaciones judiciales que prosiguen en fase de instrucción y juicio oral y una coherencia con la línea de dirección letrada prestada hasta el momento”. El presupuesto del contrato es de 97.750 euros, que asciende a 118.277,50 euros si se añade el IVA.
Jordi Pina es uno de los abogados que defendió a líderes políticos procesados por su participación en la organización del referéndum por la independencia de Catalunya que se celebró el 1 de octubre del 2017. Defendió a Jordi Sánchez, que presidía la Assemblea Nacional Catalana cuando se produjeron los hechos, y a los dirigentes de Junts, Jordi Turull y Josep Rull. También defendió a Irene Rigau, por su implicación como consejera de Educación en la organización de la consulta por la independencia de Catalunya celebrada el 9 de noviembre de 2014, y más recientemente se ha encargado de la defensa del ex-consejero Jaume Giró, quien denunció un supuesto espionaje de su teléfono móvil con el programa Pegasus. Asimismo, fue el abogado de Jordi Montull, ex director del Palau de la Música y mano derecha de su presidente Fèlix Millet.
El director de Molins Defensa Penal, Pau Molins, también defendió a una de las personas procesadas por el 1-O: Santi Vila. Se ha encargado de la defensa de personajes públicos destacados como el ex presidente del Barça, Sandro Rosell, la infanta Cristina o la cantante Shakira.
