En los últimos dos años, algunos municipios de Osona (Barcelona) han pasado de tener una densidad media de 15 conejos por kilómetro cuadrado a 50, el límite para declarar la emergencia cinegética. Esta situación ha hecho que el Departamento de Acción Climática de la Generalitat haya activado medidas para controlar las poblaciones de conejos en 17 municipios de la comarca y evitar así afectaciones en los cultivos. Entre otros, se ha decidido avanzar la temporada de la caza, asumir los gastos de chipaje y registro de hurones -los animales que se utilizan para cazar- y crear una mesa de diálogo con diferentes agentes implicados. El director de los Servicios Territoriales de Acción Climática, Josep Pena, dice que en Osona todavía «estamos a tiempo para reaccionar» y evitar que se llegue a la situación de Lleida.
Como ya ocurrió en Lleida, el conejo ha encontrado un terreno ideal en la llanura de Osona para expandirse. Se ha observado un fuerte incremento, pasando de 15 a 50 ejemplares por km2 en los dos últimos años. Este fenómeno se atribuye a la proximidad de infraestructuras viarias y ferroviarias, núcleos dispersos y la existencia de cultivos regulares, que sirven de fuente de alimentación a los conejos.
Previendo la posibilidad de que las dimensiones de la población sea de difícil gestión, el Departamento ha empezado a aplicar medidas para paliar las pérdidas económicas a explotaciones agrarias, sobre todo de cereal y forrajeras. Pena ha dejado claro que en Osona todavía se está lejos de llegar a las cifras de Lleida, donde la densidad llegó a superar los 200 conejos por km2. «En Lleida el problema es mayor, aquí lo hemos detectado a tiempo», ha asegurado Pena, que se muestra «optimista» y cree que serán capaces de controlar la sobrepoblación de conejo. Los municipios afectados son Calldetenes, Folgueroles, Gurb, L’Esquirol, Manlleu, las Masías de Roda, las Masías de Voltregà, Roda de Ter, San Hipólito de Voltregà, Santa Cecilia de Voltregà, Santa Eugenia de Berga, Taradell, Tavernoles, Tavertet , Torelló, Lleida y Vic.
Las medidas incluyen el anticipo de la temporada de caza, la asunción de gastos de registro y chipaje de hurones, y la creación de una mesa de diálogo con diversas partes interesadas para abordar esta cuestión. Los agricultores afectados sufren las consecuencias económicas, y piden un reconocimiento por su trabajo en el control de la fauna. Según la Ley de protección de los animales, los hurones deben llevar chip y, por eso, el Departamento se ha ofrecido a asumir el coste de identificar a estos animales, que son propiedad de los cazadores.
Además de las medidas ya aplicadas, se ha fomentado la caza con hurones, redes y perros en lugares donde la vegetación ofrece refugio a los conejos o donde el uso de armas de fuego está restringido, permitiendo aumentar la eficiencia de las capturas. Los cazadores subrayan su colaboración voluntaria y piden un mayor reconocimiento social por su contribución a resolver este problema.
