Los Mossos d’Esquadra utilizan programas de acceso remoto a los teléfonos móviles. Lo ha reconocido el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, en la respuesta por escrito que ha dado a una pregunta que le formuló el diputado de la CUP Xavier Pellicer. Elena reconoce, en la respuesta publicada por el Boletín Oficial del Parlament del pasado 6 de septiembre, que “en el mercado existen diversas tipologías de programas con capacidad de extraer y analizar datos de dispositivos electrónicos y otros sistemas de investigación de hechos delictivos. En caso de ser necesaria la utilización de sistemas existentes, resulta imprescindible utilizar los mecanismos de contratación establecidos en la normativa específica de aplicación al sector público como, por ejemplo, la adquisición de las plataformas de análisis Voyager Analytics y Voyager Check, disponibles en la plataforma de servicios de contratación pública”.
La CUP se quedó frustrada con la falta de información sobre las actuaciones de espionaje de los mossos que había reclamado en la Comisión de Estudio del Modelo Policial que cerró sus trabajos parlamentarios el pasado diciembre. Los anticapitalistas, que consideraron que había evidencias de “espionaje político” por parte de los Mossos, querían aclarar si utilizaban programas maliciosos como Pegasus y qué uso se hacía de las plataformas Voyager, que realizan trabajos de “peinado” de datos en las redes sociales.
Voyager Labs es una empresa creada en 2012 que «aplica su tecnología de inteligencia artificial (IA) a problemas de seguridad pública y evaluaciones de riesgos del mundo real», según explica en su web. Tiene oficinas en Israel, Nueva York, Washington, Singapur y Reino Unido. Voyager Analytics se define como “una plataforma de análisis basada en IA, diseñada para analizar cantidades masivas de datos web abiertos, profundos y oscuros no estructurados, así como datos internos, para revelar información útil” que “permite a los investigadores descubrir el paradero social y las conexiones ocultas entre entidades y centrarse en las pistas más relevantes y las piezas de información críticas de un océano de datos no estructurados”.
Elena justifica el recurso a estas plataformas argumentando que, en el marco de sus funciones, la Policía de la Generalitat “debe disponer de los medios técnicos y de los recursos necesarios para llevar a cabo las funciones asignadas por ley, con respeto absoluto a la legalidad y siempre bajo la tutela de las autoridades judiciales”. Afirma que “el uso de cualquier medio de investigación siempre es con pleno respeto a los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas, a la normativa sobre protección de datos personales en la prevención e investigación de delitos y a la normativa procesal penal”.
El consejero considera que la Comisión de Estudio del Modelo Policial constató que la Comisaría General de Información “es una pieza clave en el ejercicio de la función policial, principalmente en el ámbito de la prevención y anticipación frente a actividades ilícitas de carácter violento y otras formas delictivas, y que desarrolla sus funciones dentro de los parámetros establecidos por Naciones Unidas y la Unión Europea y de acuerdo con los principios establecidos en la legislación estatal y catalana”. Con todo, señala que el control parlamentario de los Mossos debe respetar «las limitaciones y la reserva establecidas legalmente en el ámbito de la seguridad pública, dado que se trata de cuestiones que no pueden ser objetos de difusión pública».
La respuesta de Elena lleva fecha del 21 de julio pero no se ha publicado en el Boletín Oficial del Parlament hasta mes y medio después. La CUP pidió a la Comisión de Estudio del Modelo Policial que se creara una comisión parlamentaria que investigue si algunas de las actuaciones de la Comisaría General de Información incurren en el ámbito del espionaje político. La Comisión no lo aprobó y, de momento, los anticapitalistas no han logrado los apoyos necesarios para que se cree esta comisión de investigación. La que sí funciona, y Pellicer forma parte de ella, es la que investiga el posible uso del progama Pegasus por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el caso bautizado como CatalanGate de supuesto espionaje de los teléfonos de 65 personas partidarias de la independencia de Cataluña. Y también se pusieron de acuerdo ERC, Junts, la CUP y En Comú-Podem, el pasado día 22 para registrar en el Parlament la creación de una comisión sobre “la infiltración de policías españoles en los movimientos políticos y sociales en los Països Catalans”.
