El Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha confiscado 10 caballos (6 adultos, 3 potras y 1 poni) de una finca de Vilanova del Vallès (Barcelona). Los servicios veterinarios oficiales del departamento llevaron a cabo la actuación con la colaboración de los Mossos d’Esquadra y los Agentes Rurales.
Hubo varias inspecciones previas, y se actuó ante el deterioro y la falta de corrección de las condiciones de alimentación y mantenimiento. Los veterinarios detectaron que los animales empezaban a tener síntomas «muy graves» de desnutrición, razón por la cual se dictó la confiscación. Atendida la gravedad de los hechos, el departamento evaluará llevar el caso a la fiscalía.
Los veterinarios del Departamento de Acción Climática actuaron después de recibir una denuncia de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) a instancia de la Fundación para el Asesoramiento y la Acción en Defensa de los Animales (FADDA) y numerosos particulares.
Esta actuación ha comportado el trabajo de cuatro veterinarios del departamento, tres efectivos del Cuerpo de Agentes Rurales, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Granollers y una de la Unidad Regional de Medio Ambiente de los Mossos d’Esquadra que han efectuado la confiscación y el traslado en un centro de acogida. Para transportar los caballos, se utilizaron dos camiones.
Se investigan 25 casos más
El departamento está haciendo un seguimiento con personal veterinario de un total de 25 casos de bienestar animal de équidos por varias denuncias recibidas, en los cuales hay implicados un total de 192 ejemplares. Buena parte de las actuaciones se producen a causa de la imposibilidad de los propietarios de mantener los animales en unas mínimas condiciones.
A menudo, en el desarrollo de estas inspecciones, se detectan animales malnutridos o enfermos que no reciben la atención veterinaria necesaria, y se insta los propietarios a tomar medidas para concienciarlos que se tienen que hacer cargo de los animales. Cuando esto sucede, si no se consigue el compromiso de los propietarios de garantizar el bienestar del animal, se tiene que proceder a su decomiso. En los últimos 5 años (2018-2022), se han decomisado 75 caballos con un coste de 110.000 euros.
