El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma del reglamento de la cámara baja para que el catalán, el aranés, el vasco y el gallego puedan ser utilizados en toda la actividad parlamentaria. La reforma ha obtenido 180 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG y Coalición Canaria) y 170 en contra (PP, Vox y UPN). Previamente, la cámara ha rechazado la enmienda a la totalidad que había registrado Vox y también las tres enmiendas parciales que había presentado el PP.
Durante el debate, PP y Vox han criticado lo que consideran un «espectáculo ilegal» y una «cesión al independentismo», mientras que el resto de formaciones han defendido la reforma como un paso histórico para normalizar la realidad de un Estado «plural y plurilingüe», en palabras del diputado del PSC Marc Lamuà. Por otro lado, las votaciones de este jueves han evidenciado un golpe más la situación de minoría parlamentaria de PP y Vox.
La enmienda a la totalidad del partido de Santiago Abascal, que pretendía que los diputados «estén obligados a utilizar el español en el ejercicio de su actividad parlamentaria», ha obtenido solo 33 votos a favor (Vox) y ha sido rechazada con 179 votos en contra (PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG y Coalición Canaria) y 137 abstenciones (PP). Un resultado parecido al que han obtenido las enmiendas parciales del PP, que a la práctica suponían el retorno al reglamento que ha estado en vigor hasta ahora. Los populares planteaban que la reforma contraviene la Constitución porque, a su entender, las lenguas cooficiales solo pueden ser de uso en sus territorios. Solo han recibido el apoyo de 170 diputados, PP y Vox, y han sido rechazadas, una a una, con 179 votos en contra.
En cambio, el Congreso sí que ha aceptado con los votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG y Coalición Canaria una enmienda del PNV que introducía una pequeña modificación en el texto para que las leyes que se aprueben en la cámara baja sean publicadas por el Congreso «con carácter de versión auténtica en todas las lenguas del Estado», de forma que todas las versiones de una ley en las diferentes lenguas cooficiales tengan la misma validez jurídica.
