La consejera de Territorio, Ester Capella, ha enviado este lunes por la mañana una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para reclamarle una reunión urgente para abordar el traspaso integral de Cercanías, después de que estos dos meses de verano, ha asegurado, se hayan registrado 26 incidencias en 60 días. En la carta, Capella también insiste al ejecutivo central en que fije un «calendario cierto» sobre la ejecución de los convenios de encomienda de gestión de varias infraestructuras después del acuerdo del julio pasado y que forman parte del acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.
Concretamente, Capella exige que en el encuentro con la ministra se avance hacia un traspaso integral «en todas sus variables», es decir, en la infraestructura, el material móvil, los recursos humanos y las inversiones a realizar, así como en las medidas para hacer frente a las «reiteradas alteraciones del servicio», según expone. La consejera señala que las incidencias registradas este julio y agosto están relacionadas con el suministro eléctrico, las averías técnicas de trenes, fallos en el sistema de señalización y descarrilamientos, «provocando la demora de 562 trenes y la supresión de 267 más, con retrasos acumulados de 8.079 minutos y perjudicando a unas 65.000 personas».
Estas incidencias, sumadas a las obras en curso, hacen que los usuarios acumulen «enojo y preocupación por no poder confiar en el transporte público para garantizar su derecho fundamental a al movilidad», se queja Capella, que reclama más «capacidad de respuesta» y que esta sea «suficiente» en el despliegue de servicios alternativos para los pasajeros que se vean afectados por las incidencias. Este transporte alternativo, añade, tiene que ser asumido por el Ministerio cuando el origen de las afectaciones se encuentre en la infraestructura o en los trenes.
Por otro lado, la consejera también emplaza al gobierno central a dar una «respuesta ágil y adecuada» en varias acciones en materia de vivienda, como la aplicación «inmediata» de la regulación de los precios de los alquileres una vez la Generalitat ya ha trasladado la lista de áreas tensas, parar los desahucios, asegurar los Fondos NGEU por valor de 2.000 millones de euros y la cesión de 1.500 viviendas de la Sareb, entre otros.
