La Universidad de Toronto sigue negándose a informar qué empresas y entidades financian su departamento Citizen Lab, que es el que publicó en abril de 2022 el informe CatalanGate según el cual los teléfonos y dispositivos digitales de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya habían sido espiados con los softwares espías Pegasus y Candiru. El profesor de la UNED José Javier Olivas, quien el pasado mes de marzo presentó en el Parlamento europeo un estudio de 250 páginas titulado “El caso Pegasus. Una revisión crítica del informe CatalanGate de Citizen Lab”, pidió en julio del 2022 a la universidad canadiense que le facilitara los nombres de las asociaciones, fundaciones y firmas que financian a Citizen Lab y en qué cantidad lo hacen. A pesar de la supuesta transparencia que deben exhibir las instituciones públicas canadienses, los responsables de la Universidad de Toronto se resisten a dar a Olivas esta información.
Lo único que ha querido difundir la universidad canadiense, tras un largo intercambio de correos electrónicos con Olivas, es una tabla con los ingresos de Citizen Lab desde 2017 hasta 2023 pero sin que conste el nombre de ninguna de las entidades que los efectúa. Las razones aducidas por la Universidad de Toronto para ocultar los nombres de las entidades privadas que financian el colectivo que creó el CatalanGate es que “podría esperarse razonablemente que su divulgación perjudique los intereses económicos o la posición competitiva de la Universidad” y que algunos financieros prefieren mantenerse en el anonimato. El pasado lunes 14 de agosto, Rafael Eskenazi, director de la Oficina de Libertad de Información y Protección de la Privacidad de la Universidad de Toronto, insistió en estos argumentos en una nueva carta enviada al profesor de la UNED.
Eskenazi argumenta que divulgar quién financia a Citizen Lab y en qué cantidad «podría razonablemente causar un perjuicio económico a los intereses o la posición competitiva de la Universidad» y que «existiría el riesgo de que perjudicara la salud y la seguridad de las entidades afectadas si se desvelara su identidad”. Olivas pide en sus escritos que la Universidad de Toronto detalle los datos, propósito y alcance de los posibles contratos de Citizen Lab con organizaciones y personas como el gobierno de la Generalitat, ERC, Junts, CUP, Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana, Edward Snowden, Apple, Facebook, Google o WhatsApp. También pide las fechas de las reuniones de los responsables de Citizen Lab con representantes del Govern, partidos políticos y organizaciones catalanas. El director de la Oficina de Libertad de Información y Protección de la Privacidad de la Universidad de Toronto deja en blanco la respuesta a estas cuestiones.
La financiación de Citizen Lab y la del informe bautizado como CatalanGate, estará sobre la mesa de la Comisión de Investigación que sobre este caso se ha comprometido a crear el gobierno español como contrapartida al apoyo de ERC y Junts a la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. Y, evidentemente, se pedirá a la Universidad de Toronto que facilite la información sobre esa financiación que se resiste a entregar al profesor Olivas. Negarse a suministrarla al Congreso de los Diputados puede tener unas consecuencias mucho más graves para los responsables de la Universidad y de Citizen Lab de las que ha tenido hasta ahora su opacidad.
