Los partidos están generosamente financiados con recursos públicos cuyo gasto está poco controlado por un organismo imparcial y no es transparente. Disponen de presencia y tiempo en los medios públicos por Ley. Y por si eso fuera poco unos 2.000 políticos, entre senadores, diputados nacionales o autonómicos, están aforados. Ser aforado o gozar de aforamiento significa que, debido al cargo o posición en el gobierno o en la administración pública, se goza de ciertos privilegios judiciales que implican que solo puede ser juzgado por un tribunal específico en caso de cometer un delito. Es decir, el sistema electoral vigente da a los partidos un control prácticamente absoluto en la selección de los candidatos y por tanto la ciudadanía no puede expresar sus preferencias por candidatos individuales. Es lo que se llama en la jerga electoral: tener un sistema de listas cerradas en contraposición a las listas abiertas de candidatos que es el modelo vigente en Reino Unido y Estados Unidos, entre otros países.
Para más inri, el poder de los partidos está muy concentrado, ya que una misma persona puede ser a la vez líder del partido, jefe del grupo parlamentario y presidente del Gobierno. La elección de los candidatos que concurren a las elecciones en España, es un privilegio de los líderes del partido. Sin embargo, algo se ha corregido con el advenimiento de “las primarias”, pero en ningún caso estamos ante procesos electorales con listas totalmente abiertas. Una vez elegidos los candidatos estipulados en las listas cerradas, las decisiones en el partido y en el grupo parlamentario son verticales. Los parlamentarios tienen una autonomía muy limitada. La mayoría, cuando no totalidad de los parlamentarios, deben obedecer a rajatabla las órdenes del partido, aplaudir varias veces el discurso de su líder e interrumpir con gritos o insultos el de los contrarios. Si no lo hacen, las sanciones o la defenestración los excluye del sistema.
Vayamos ahora a la formación del Gobierno. La selección de los ministros es algo exclusivo del presidente. Lo que supone una subordinación total que mediatiza su autonomía en su labor ministerial. La alta concentración del poder supone una personalización de la política. La denominación en España de «presidente» de Gobierno no es lo habitual en otras democracias, donde el jefe del Ejecutivo se llama primer ministro, que implica un Gobierno colegiado. Por todo ello en España es habitual hablar de suarismo, felipismo, aznarismo, zapaterismo, marianismo, sanchismo, etc. En definitiva, la partidocracia (con su afán de controlar todo) implica la erosión de la división de poderes. Un ejemplo de ello en los últimos años es el nombramiento de los jueces para el Consejo General del Poder Judicial. El mercadeo de los partidos políticos para nombrar «sus jueces» para los órganos superiores de la Justicia funciona como una compraventa de cargos. Lo mismo ocurre con el partido gobernante a la hora de nombrar a los miembros de organismos reguladores, incluidos el Banco de España, TVE, el Consejo de Estado, etc. Todos estos controles de las instituciones son dirigidos por los partidos con grandes recursos financieros y administrativos y lógicamente la mayoría de los militantes son, han sido o esperan ser cargos públicos.
La partidocracia con su burocracia interna, la lucha por el poder en el seno del partido y la alabanza y la sumisión a la cúpula son incompatibles con la sana discrepancia y el debate. La verdadera democracia se resiente y la renovación de ideas y personas es difícil. Para tener más democracia y menos partidocracia, los expertos proponen varias cosas:
- Listas abiertas, para que los ciudadanos puedan elegir libremente a personas que les representen, no logotipos de partidos que conllevan listas de nombres elegidos por su docilidad al dirigente.
- Rebajar los requisitos para poder presentarse a las elecciones (avales de cargos electos, firmas de electores, etc.) que suponen una barrera para que los ciudadanos de la calle puedan presentarse y concurrir a las elecciones de manera espontánea y libre.
- Control real del gasto de los partidos, sobre todo durante las campañas electorales, para evitar financiación irregular, excesos publicitarios, cuando no comisiones o incluso sobornos.
No necesitamos apuntalar la partidocracia sino una democracia auténtica. Los partidos políticos, en el siglo XX, dejaron de ser lo que eran en el siglo XIX; es decir, órganos de mediación entre la sociedad civil y el Estado. Eso es lo que los ciudadanos quieren, es lo que podría mejorar el sistema democrático y sobre todo mejoraría la valoración de los partidos.
