El abogado Josep Jover participó en la rueda de prensa que organizó la Plataforma per la Llengua el pasado 8 de junio para anunciar que había presentado en un juzgado belga una querella contra el gobierno español al que acusan de espiar los teléfonos móviles de cinco de sus dirigentes. En el acto intervinieron también el presidente de la plataforma independentista, Òscar Escuer, su directora, Rut Carandell. Escuer y Carandell explicaron que, al sospechar que sus teléfonos eran atacados con softwares maliciosos, encargaron a Aspertic (Asociación mediterránea de peritos de las TIC) que los analizaran. Aspertic, entidad de la que Jover es presidente emérito, asegura que confirmó el espionaje en sus teléfonos y también en los de tres directivos de la Plataforma per la Lengua con residencia en Bruselas. De ahí que la denuncia se presentase ante la justicia belga.
El 18 de julio, El Confidencial publicó que la Guardia Civil había detectado una conexión entre Jover y la trama de denuncias infundadas contra jueces del Tribunal Supremo como Manuel Marchena o Pablo Llarena que dirigía el ex juez Fernando Presencia. En el 2017, Llarena había condenado a Presencia a diez años de inhabilitación por haber cometido un delito de prevaricación al archivar las investigaciones abiertas contra un amigo suyo que había atropellado a un peatón y se había dado a la fuga. Una semana antes había recibido otra condena idéntica por haber archivado una causa contra un amigo suyo acusado de estafa.
Apartado de la judicatura, Presencia creó, en 2018, Acodap (Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública). El pasado 29 de junio, el juez Joaquín Gadea decretó su ingreso en prisión y el de tres de sus colaboradores. Acodap se dedicaba a captar fuentes supuestamente para pagar los costes de las denuncias de sus directivos por casos de presunta corrupción pero, según el juez, buena parte de ese dinero iba a parar a sus bolsillos. Lo que también descubrió la investigación judicial es que dinero de Acodap iba a parar a una cuenta bancaria a nombre de Josep Jover. Cuando se embargó la cuenta, Jover se dirigió a la Audiencia Nacional a través de un escrito en el que aseguraba que era “una cuenta de provisión de fondos profesionales” donde recibía ingresos de distintos clientes. «Los micropagos recibidos han sido pedidos y han sido destinados a la defensa jurídica de Fernando Presencia, y sólo y exclusivamente defensa jurídica en las acciones de este letrado y del equipo que está conformando», afirmó en este texto.
ERC contrató a Jover unos meses antes del referéndum del 1 de octubre para que defendiera los intereses de las personas investigadas por su organización. Jover había tenido algunos éxitos en las instancias europeas en la promoción de una directiva para proteger a los denunciantes de corrupción y en la oposición al canon digital. En septiembre del año pasado realizó por encargo de un grupo de eurodiputados catalanes un informe sobre el programa Pegasus supuestamente utilizado para espiar a dirigentes independentistas. Vive en Barcelona pero viaja a menudo a Bruselas. Mantiene buenas relaciones con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, con quien se ha fotografiado en Bélgica, y ha realizado diversas incursiones en el ámbito de la política formando parte de candidaturas de Pirates de Catalunya y de la CUP. Es independentista.
