La normativa obliga al Barça a recuperar las asambleas presenciales

A menos que Laporta invente una excusa o la Generalitat se lo afine, el decreto del gobierno suprimiendo la situación de crisis sanitaria anularía el formato telemático

Asamblea del FC Barcelona
Asamblea del FC Barcelona

De la misma manera que las normativas extraordinarias para combatir la pandemia causada por la Covid-19 produjeron en su momento cambios sociales inesperados e impactantes, la supresión de la crisis sanitaria formalmente adoptada por el consejo de ministros, en su reunión del día 4 de julio de 2023, a propuesta del ministro de Sanidad, ha pasado completamente desapercibida. Para el Barça, sin embargo, el efecto resultante puede ser de una enorme trascendencia si es que la directiva de Joan Laporta no está dispuesta a transgredir una vez más la ley, y también su espíritu, con la única finalidad de mantener a los socios alejados de cualquier posibilidad de participación, opinión o votación legítimamente democrática y estatutaria en el gobierno del club. Formalmente, como resultado de la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, Laporta ya no estaría bajo el amparo legal que le ha permitido, a partir a la asamblea ordinaria de octubre de 2021, realizar asambleas y un referéndum telemáticos.

La consecuencia directa es que los 3.437 socios compromisarios elegidos por sorteo el día 3 de junio de 2022 podrán participar en la próxima asamblea ordinaria de forma presencial y ejercer además de su derecho a voto el de tomar la palabra, intervenir, interpelar, opinar y expresar libremente sus opiniones y reflexiones.

Malas noticias, pues, para Joan Laporta y para Víctor Font que, además, gracias a las excepcionales medidas concedidas adicionalmente por diversos decretos de la Generalitat en materia gobernanza de las entidades deportivas, pudieron conseguir una buena cantidad de votos por correo en las elecciones del 7 de marzo de 2021. Ambos, tanto el presidente Laporta como el candidato Font, que quedó en segunda posición, se han mostrado abiertamente favorables a la aplicación sistemática y extensiva del manejo electrónico de los derechos más fundamentales de los socios, indudablemente porque en cualquier caso siempre es la junta directiva la que maneja y controla desde el principio hasta el final dichos procesos.

Por poner un ejemplo homologable, en las elecciones a la Cambra de Comerç de Barcelona de 2019, donde el voto telemático barrió al antiguo establishment en favor de una candidatura de cariz soberanista, las impugnaciones permitieron demostrar innumerables irregularidades y fraudes. Como en el FC Barcelona, la Generalitat autorizó una serie de empresas especializadas a emplear sistemas de identificación y garantías que, aquí y en todas partes, se han demostrado no sólo insuficientes, sino que susceptibles de manipulación y de generar una evidente inseguridad.

En el caso de Laporta, por si hubiera dudas sobre la voluntad de controlar estos procesos sin la existencia de controles exhaustivos, ni siquiera mínimos, el único motivo de recurrir al soporte telemático ha sido el de asegurarse la aprobación de sus propuestas y evitar el riesgo de que los socios actuaran con la independencia y ejerciendo el pleno derecho, como propietarios a debatirlas, cuestionarlas o, lo peor de todo, realizar preguntas incómodas o en demanda de más información o aclaraciones.

Laporta cambió rápidamente al funcionamiento telemático después de que, todavía bajo restricciones y medidas anti Covid, estrenara su segunda presidencia con dos asambleas presenciales, una en junio de 2021, extraordinaria, que sirvió para darse un primer baño de multitudes y aprobar las últimas cuentas firmadas por Josep Maria Bartomeu correspondientes al ejercicio 2019-20. Aquellas cuentas para las que el propio de Laporta pidió su aprobación a los compromisarios “porque reflejan fielmente los estados financieros del FC Barcelona a 30 de junio de 2020”.

El susto se lo llevó en la siguiente asamblea, la ordinaria de octubre de ese mismo año, donde hubo de realizar el truco del referéndum porque los socios no veían claro, con justificada preocupación, autorizar un préstamo de 1.500 millones para el Espai Barça, y donde además no fue capaz de sacar adelante su propuesta de exterminio de las Penyes.

Ahí se acabó el margen de democracia social concedido por Laporta en su nuevo mandato. En las siguientes asambleas, incluido el referéndum sobre el Espai Barça, el formato ya fue telemático pese a la evidente y progresiva regresión de las medidas sanitarias restrictivas. La receta de Laporta fue totalitaria y dictatorial: a menos Covid, más uso telemático para resolver sin dificultades ni dar explicaciones las sucesivas asambleas para aprobar el contrato secreto con Spotify y las palancas, ambas en convocatorias extraordinarias, y el orden del día ordinario de la cita de octubre de 2022, en la que LaLiga le obligó a ratificar las palancas (Sixth Street, Socios.com y Orpheus Media) debido a la insuficiencia informativa y trascendencia de la rápida y grave pérdida patrimonial del Barça a manos de Laporta.

Su alevosa y malintencionada decisión de darle jarabe digital de castigo a los socios, tras una arrancada con dos asambleas presenciales, aún resulta más condenable si se tiene en cuenta que, además del descenso de la alarma pandémica a lo largo del año 2022, los socios del Barça, en respuesta adversa a la iniciativa de Víctor Font, votaron expresamente en contra del voto telemático en una asamblea celebrada el 6 de octubre de 2019. No cabe, pues, ni el voto telemático ni las asambleas virtuales en el FC Barcelona fuera de esa excepción legislada por la Generalitat y de la cual ha abusado también anormalmente Laporta cuando las limitaciones y los indicadores pandémicos habían decaído a nivel de calles y de recuperación de la normalidad ciudadana y social.

La regresión democrática provocada por este tipo de asambleas, finalmente convertidas en actos de fe ingenuamente masivos, son sólo el producto de una ley mordaza desarrollada por el propio Laporta por culpa de esa alergia social que le agobia e irrita en igual proporción.

Casi 4.000 socios compromisarios, elegidos hace un año, esperan su gran oportunidad de participar en una asamblea presencial por primera vez en su vida. A ver qué inventa ahora Laporta para evitar el contacto con ellos y, si fuera necesario, el intercambio de opiniones y el voto a mano alzada.

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