El gobierno central ha decidido no prorrogar la congelación de precios de alquileres al finalizar los contratos a partir del 1 de julio. La medida tenía como objetivo evitar aumentos abusivos de precios en un contexto inflacionario, pero los inquilinos ya no podrán renovar los contratos sin sufrir incrementos. Todo y las presiones de Unidas Podemos, socio minoritario del gobierno central, no consiguió extender esta medida a causa de la oposición del PSOE. Aun así, se ha acordado prorrogar la prohibición de los desahucios sin alternativa residencial y mantener el límite de incremento de alquileres vinculado al Índice de Precios de Consumo (IPC) en un 2% hasta finales de año.
Otras medidas que finalizaban a finales de junio, como por ejemplo la rebaja del IVA en alimentos y la bonificación del transporte público, se prorrogarán por seis meses más. La prioridad del ejecutivo de Pedro Sánchez son las elecciones generales, y quieren evitar recortes a las puertas de los comicios a pesar de las presiones por el encarecimiento del coste de vida y la solicitud de la Comisión Europea de ajustar las cuentas. Por eso, Sánchez ha anunciado en una entrevista a la SER que se aprobará la desgravación del 15% en el impuesto sobre la renta (IRPF) para las personas que compren un vehículo eléctrico.
El gobierno central había planeado empezar a rebajar las medidas estructurales adoptadas durante la pandemia como respuesta a las recomendaciones de la Comisión Europea, que pidió eliminar las ayudas para la crisis energética. Aun así, a causa del mal resultado electoral y el adelanto de las elecciones generales, se han extendido la mayoría de las medidas vigentes hasta finales de año, postergando el cumplimiento de las reglas fiscales establecidas por la UE, como el déficit del 3%, por 2025.
El ejecutivo central ha dado marcha atrás con algunas medidas costosas y regresivas, y ha seguido las recomendaciones de organismos económicos nacionales e internacionales que abogan por una focalización más grande en los más vulnerables. Algunas de las subvenciones, como la del combustible, han expirado o están en discusión al Consejo de Ministros. A pesar de que los precios de los combustibles han aumentado ligeramente, se mantienen en niveles anteriores a la crisis en Ucrania.
