El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha ampliado de 60 a 140 los municipios con zonas tensionadas por el precio de la vivienda donde los propietarios tendrán que limitar el precio del alquiler. Así lo ha explicado este jueves la consejera de Territorio, Ester Capella, en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha comentado que el ejecutivo catalán ha iniciado el trámite de aplicación de la Ley 12/2023 con el objetivo de que el precio del alquiler no suba «de forma desmedida». En los 140 municipios, donde residen 6,2 millones de personas y 80% del total de la población catalana, se encuentran prácticamente todas las localidades del ámbito metropolitano de Barcelona: las cuatro capitales de provincia y zonas costaneras.
El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) ha publicado este jueves el anuncio de información pública del proceso de declaración que incluye la memoria justificativa para aplicar la medida a más del doble de localidades previstas inicialmente. La vigencia de la declaración de zona tensionada será de tres años, pudiendo prorrogarse por anualidades. La Generalitat ha elaborado el listado donde se declaran zonas tensionadas y se expondrá el texto durante 20 días para presentar las alegaciones y, después de que éstas se hayan resuelto, se presentará la memoria definitiva al gobierno central para que dé el visto bueno y la ley pueda entrar en vigor definitivamente.
En este sentido, Capella confía en que sea antes de un eventual cambio de gobierno después de las elecciones del 23 de julio. «Es un tema de voluntad política», ha defendido. «Catalunya no dejará de hacer lo que le toca para garantizar el derecho de la vivienda», ha señalado en la entrevista, donde ha dejado claro que ese derecho es «fundamental porque es la puerta de acceso a otros derechos». «Si no tienes derecho a un techo que te cobija, difícilmente tienes derecho a la salud, a la educación o a otros que estamos obligados a garantizar a la ciudadanía», ha argumentado.
La Generalitat ha detectado que en los 140 municipios se cumplen los requisitos que establece la Ley estatal para que sean declarados zonas tensionadas, como por ejemplo que la carga del coste del alquiler o la hipoteca más los gastos y suministros básicos superen el 30% de los ingresos de los hogares; o que el precio de alquiler o compra de vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración un crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales superiores al crecimiento acumulado del índice de precios de consumo (IPC) de la comunidad autónoma correspondiente.
