Agentes de la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación de los Mossos d’Esquadra investigan a dos porteros de una discoteca de Sant Quirze del Vallès por presunta xenofobia. En concreto, la policía considera que a finales del 2021 y durante el 2022 ambos individuos habrían cometido delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas al no dejar acceder al interior de la sala a varias personas por motivos xenófobos.
Por otra parte, los investigadores citaron como investigados a los dos responsables de un local de Barcelona por haber impedido el acceso al establecimiento a una persona invidente con su perro lazarillo, con el argumento de que los animales no estaban permitidos.
En el primer caso, los Mossos recibieron distintas denuncias alegando la presunta xenofobia de ambos controladores de la puerta de la discoteca. Los agentes empezaron a trabajar el caso con dos demandas que afectaban a dos chicas y un chico. La policía indica que la investigación ha verificado lo sucedido, y que las víctimas lo fueron por razón del origen o características físicas.
Los Mossos d’Esquadra también destacan que además del delito cometido por prohibir la entrada por motivos discriminatorios, en algunos casos los controladores negaron la hoja de reclamaciones a las personas afectadas, aunque éstas le pidieron al sentirse agravadas por esta conducta.
Por otra parte, los investigadores citaron como investigadas a otras dos personas por haber impedido el acceso a un local de Barcelona a una persona invidente acompañada de una amiga y del perro lazarillo.
Según explica la policía, los hechos ocurrieron cuando las dos personas que regentaban el local impidieron que la persona invidente entrara alegando que los perros no podían acceder. Pese a las explicaciones de víctima y testigo diciendo que un perro lazarillo sí tiene acceso a este tipo de locales, ambas personas no lo permitieron.
La Fiscalía de delitos de odio y discriminación requirió que se investigaran los hechos. La policía indica que la investigación concluyó que se trata de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y en concreto por denegación de prestaciones de carácter privado, en la vertiente de discapacidad sensorial.
