La implantación de la extrema derecha populista crece en el conjunto de España, a pesar de su discurso público claramente racista, machista y negacionista con el cambio climático o la ciencia. Aparte de ser la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados, los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo aumentan la presencia institucional de Vox y habrá que ver el impacto de sus políticas en los gobiernos donde sean decisivos.
La socióloga y politóloga Cristina Monge considera, en declaraciones a EL TRIANGLE, que Vox ya tiene “masa crítica para gobernar” y que lo tendrá que hacer con alianzas con el PP en la mayoría de los casos. Aun así, “al PP no le interesa una alianza concreta con Vox” antes de las elecciones generales del 23 de julio, y “intentará aplazar al máximo la negociación en los gobiernos autonómicos”, puesto que en los ayuntamientos esta demora no es viable, puesto que el 17 de junio tienen que estar investidos los alcaldes y alcaldesas del mandato 2023-2027.
Durante este periodo de negociación política, la dirección de Vox “intentará visualizar que tienen capacidad de negociación y que son capaces de poner sus valores encima la mesa”. Actualmente, tienen 1.695 concejales y concejalas en toda España, cuando hace cuatro años la cifra era de 530.
Según la socióloga entrevistada, todo su discurso se basa a “encontrar las grietas del sistema”, y cuando ven la rendija, ya sea en cuestiones como la violencia machista, el aborto, la inmigración irregular o las okupaciones, “utilizan el miedo y generan inseguridad” para movilizar el voto de la población.
Este es el caso de los dirigentes de Vox que se dirigen a un sector masculino que se siente amenazado y perjudicado por los cambios que hay a la sociedad sobre el comportamiento y el rol de las mujeres, y entonces usan este miedo para acercarse a este sector. En el caso de prohibir el derecho al aborto de las mujeres, la extrema derecha populista española se dirige a aquellos perfiles que “no quieren que la mujer tenga poder sobre su cuerpo y defienden la idea de la familia tradicional, donde las reglas están claras y te sientes seguro”, beneficiándose de la inseguridad que pueden generar las nuevas tipologías de familia.
Cristina Monge también hace referencia al discurso racista de Vox. “Ellos no dicen que no entre nadie. Piden que lo hagan de forma aseada y así se acercan a una población que se puede sentir amenazada por el riesgo de perder el trabajo o por la amenaza que pueden representar determinados colectivos a los valores tradicionales españoles. No hacen un enfrentamiento directo contra los conceptos o los discursos políticamente correctos, sino que saben que los cambios sociales generan miedo y utilizan la inseguridad que generan” para crecer como fuerza política.
Con esta estrategia, Vox está creciendo en implantación territorial y, según Cristina Monge, “empiezan a penetrar en segmentos de la clase baja. Hasta el momento, no habían obtenido una representación del 10% al 15% en los barrios obreros y populares de nuestro país”.
Otro electorado que están atrayendo son los jóvenes: “Tienen un eco importante entre gente joven, puesto que estamos viendo como hay un efecto rebote con la violencia machista”. Según determinadas encuestas, un 20% de los jóvenes dicen que no existe la violencia contra las mujeres.
Ante la capacidad más grande de gobierno de Vox a comunidades y municipios, la politóloga pide estar alerta ante las consecuencias de sus políticas, como ya se ve en Castilla y León, donde gobiernan con el PP desde el 2022.
La política negacionista de Vox hacia la violencia machista ha generado en la Junta de Castilla y León que se quiera derogar la ley autonómica de violencia machista, para aprobar una nueva normativa sobre la violencia intrafamiliar. En el ámbito de las ayudas a la contratación de determinados colectivos de riesgo, las víctimas de violencia machista han sido excluidas.
El negacionismo sobre el cambio climático se ha evidenciado en la gestión de los incendios, mientras que hay negacionismo sanitario o científico en relación con las medidas legales establecidas para gestionar la tuberculosis bovina.
En ayuntamientos como Zaragoza, donde gobiernan, los presupuestos en políticas de cooperación y de igualdad ha caído drásticamente.
A escala europea, las políticas de extrema derecha hace más tiempo que están implantadas, y ya se evidencian determinados efectos. Según Cristina Monge, “ya hay estudios académicos en Italia donde se plantea una relación directa entre los ayuntamientos donde gobierna la extrema derecha y el incremento de los delitos de odio”.
“Cuando llegan a las instituciones, son capaces de cuestionar los consensos democráticos que sostienen nuestras sociedades y, por lo tanto, impiden llegar a acuerdos que permitan lograr nuevos retos, como seria hacer frente al cambio climático en Europa, donde son el único partido que tiene un discurso negacionista. Si las democracias no pueden avanzar, hay retroceso. Y si no somos capaces de hacer frente a los desafíos que tenemos delante, se generan problemas sociales”, añade Cristina Monge.
El proyecto de la extrema derecha española es avanzar hacia una nación monoracial y monocultural, y aplica las políticas ya más consolidadas de sus homólogos en Hungría, Polonia, Italia, los Países Bajos o Francia.
