El espanyolismo es un contrapoder con mucho más peso en el entorno político y administrativo catalán del que pueda desprenderse de esa inevitable y permanente comparación con el barcelonismo, que resulta abrumadoramente ganador en casi todos los aspectos. El Barça, en efecto, supera al Espanyol en títulos, seguidores, popularidad, dimensión social y presupuesto con unos índices y valores que le otorgan una ventaja y distancia no sólo indiscutibles, también son reconocidos por ambas partes y forman parte de una convivencia y rivalidad muy especial desde el origen de los tiempos, cuando el fútbol era casi desconocido a finales del siglo XIX y un suizo, Hans Gamper, fundó el FC Barcelona. Al poco tiempo le dio réplica un equipo denominado el Català, integrado por jugadores de casa que, con el tiempo, acabó denominándose Espanyol de Barcelona. Más de 100 años después cada uno encarna precisamente una identidad antagónica: íntegramente catalanista el Barça, y menos aguda y significada en el contexto social de su rival ciudadano.
El problema detectado en los últimos años, a partir de que los ingresos de televisión abrieron una brecha económica sustancial y el Espanyol se vio obligado a convertirse en Sociedad Anónima Deportiva, esta difícil convivencia con la grandeza del equipo azulgrana ha tendido, más que a empequeñecerlo, a acomplejarlo, pues el Espanyol no es un club de menor calibre y medidas que un club grande de la Premier y supera en respaldo social a la mayoría de los clubs italianos, alemanes y franceses.
En cambio, no siendo ni el equipo del régimen ni simpático ni adoptado, como el Barça, por el soberanismo y el govern de Catalunya -sino un club que, además, ha de cargar con una cierta etiqueta filo madridista-, cuando se trata de eludir el castigo por las reiteradas infracciones de sus radicales acaba teniendo más bula y margen que ninguna otro colectivo.
Este es un ámbito donde el Espanyol siempre sale victorioso y por goleada. El ejemplo más reciente data de cuando la grada de animación españolista exhibió pancartas intolerables y profirió insultos contra Gerard Piqué y su familia, el Barça y varios jugadores con la complicidad, connivencia y absentismo por parte de los mismos responsables de seguridad de los Mossos d’Esquadra que ahora han de procesar los hechos del final del último derbi con invasión de público, intento de agresión masivo, daños materiales y una evidente actitud violenta que sigue siendo el identificador de ese grupo de radicales.
En aquella ocasión, pese a las flagrantes infracciones cometidas con respecto a la normativa sobre la grada de animación, no hubo más multas que la promovida desde LaLiga de unos cientos de euros. La Direcció General d’Administració de Seguretat (DGAS), organismo que en Cataluña posee las competencias en la materia, pasó de puntillas y abrió un expediente que acabó olvidado en un cajón para siempre. Ni sanciones a los aficionados autores de aquella violación normativa ni tampoco castigo al Espanyol.
La DGAS debe ejercer por ley “las funciones que le encomiende la normativa vigente en materia de violencia deportiva y lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, así como adoptar las medidas de prevención y seguridad en este ámbito”. Es decir, actuar como la Comisión Antiviolencia nacional.
Antes de estos hechos, la famosa Curva espanyolista ya había protagonizado incidentes de especial gravedad, violentos, tanto en el exterior del estadio, donde los radicales tiene barra libre, como dentro de Cornellà-El Prat con palos y patadas contra los propios seguidores blanquiazules dispuestos sólo a animar a su equipo según las condiciones y limitaciones de fair play, respeto y rechazo a todo tipo de violencia, obligadas por LaLiga. La refriega y los incidentes se saldaron con un acuerdo interno con los Mossos y la Consejería de Interior, según el cual la Curva desapareció formalmente, integrando varios de sus líderes, teóricamente bajo control, en la grada de animación.
En los incidentes del famoso derbi que tuvo a Piqué como gran protagonista, las cámaras de la sala UCO grabaron e identificaron con absoluta nitidez a todos cuantos desplegaron las pancartas y participaron en un operativo que pudieron consumar con absoluta tolerancia por parte del responsable de seguridad del club, el mismo que hubo de permitir el día del partido la introducción de esas pancartas, numerosas y enormes, así como su contenido para ser expuestas.
Esta inmunidad proviene de la tradición de altos cargos de la estructura de seguridad simpatizantes del Espanyol como en su momento el consejero de Interior, Ramon Espadaler, y alguien tan influyente en ese ámbito como Albert Batlle, actual regidor de Barcelona en materia de seguridad, también reconocido y activo perico cuando se trata de mirar hacia otro lado.
Ahora la historia se repite, como demuestra el discurso desconcertante del intendente de Seguridad de Mossos d’Esquadra, Josep Antoni Saumell, a quien le ha tocado realizar un tour mediático tras los incidentes para justificar hechos difícilmente comprensibles.
Lo primero que ha advertido Saumell es que el operativo de seguridad fue impecable, lo mismo que las actuaciones propias y de las unidades privadas del Espanyol. No puede ser de otro modo, pues son los Mossos quienes, a través del jefe de seguridad nombrado por el cuerpo, diseñan y se responsabilizan del operativo, dimensión y aplicación, además de recomendar, como en este caso, que el partido fuera clasificado de alto riesgo.
También dejó claro que el proceso de identificar y de demostrar la participación y culpabilidad de quienes saltaron al césped será muy largo y complejo, por no decir casi imposible, entre otras razones porque el cuerpo no dedicará ni tiempo ni esfuerzo alguno a un cometido que, se mire por donde se mire, se produjo con el partido acabado por parte del colegiado. La edulcorada versión de Saumell, a ratos cómica, también sugiere que los aficionados pretendían protestar al palco y no enviar al vestuario a los jugadores del Barça que celebraban el título de Liga y no el triunfo sobre el Espanyol. Saumell se contradice cuando admite que, sobre el tiempo de descanso, detectan un creciente y peligroso malestar en la grada contra sus propios jugadores y el consejo de administración.
Lo que no explica es que nadie del club ni de los Mossos se ve capaz de mantener a raya y en la grada a los miembros más radicales de la afición, si estos aparcan su actitud pacífica y se ponen nerviosos. No había nadie controlando cuando terminó el partido ni fueron efectivos los steward dispuestos frente a la grada, que fueron los primeros en salir corriendo. A duras penas, el cuerpo especializado antidisturbios pudo defender la entrada del túnel mientras algunos descontrolados ocasionaban destrozos materiales, además de lanzar sillas a quien intentaban sofocar el incidente.
Mossos tampoco ha pedido a LaLiga las imágenes de las cámaras de Mediapro, productora de la señal del partido, que además de las de la UCO registraron el salto de los radicales al terreno de juego y que sí permitirian identificar a quien destrozó una de las cámaras con un valor superior a los 40.000 euros.
Ahora toca esperar durante meses. LaLiga impondrá su multita basándose en el informe de su delegado y poco más, pues a nivel nacional no es posible otro tipo de actuación más allá del Comité de Competición de la RFEF, también sin demasiadas atribuciones una vez terminado el partido. Es la DGAS, con una larga tradición de pasotismo y condescendencia con los ultras espanyolistas, la que debe tomar cartas en el asunto siempre y cuando, claro está, los Mossos admitan en su informe que se produjo esa invasión de campo, lo cual debería dar pie también a una reprobación oficial de su actuación y de sus errores. El final de la película será el sospechado con apenas sanciones, multas o cierre del estadio, el castigo que con la ley en la mano ya debió aplicarse tras los incidentes del derbi de las pancartas.
