El sindicato de funcionarios CSIF ha llevado al gobierno de la Generalitat a los juzgados por haber dejado sin efecto todas las pruebas de oposición del pasado 29 de abril, que se repetirán entre el 1 y el 8 de julio.
CSIF reclama que se reconozca la validez de los procesos de aquella jornada sobre los que no se acreditaron irregularidades «suficientemente relevantes para anularlos», argumentando que, de este modo, se pueden «salvaguardar los derechos legítimos de todos los aspirantes».
En particular, en este sentido, el sindicato quiere que se determine «de forma fehaciente» el motivo de cada suspensión, puesto que en la actual situación CSIF interpreta que la decisión de dejar sin efecto todos los exámenes es más política que legal.
De hecho, aduce que el informe en el que se basa la resolución PRE/1632/2023, que anula todas las pruebas y las convoca de nuevo, es «únicamente estadístico informativo» y no «jurídico», y «no hace ninguna» mención a las actas del Tribunal de las pruebas ni a las de los responsables de aulas».
«Nosotros no determinamos si deben repetirse el 30, el 45, el 70 o el 100% de los procesos. Lo que queremos es que se cumpla con una dañada legalidad y se justifiquen de forma fehaciente los motivos de una suspensión que, en estos momentos, responden más a una decisión política que legal», sostiene CSIF.
