El gobierno catalán ha iniciado las tareas para crear un cuerpo especializado en acción exterior y la Unión Europea (UE) con el objetivo de avanzar en la profesionalización del personal encargado de la política de internacionalización. Con la iniciativa, todavía en fase inicial para crear una ley, el ejecutivo catalán pretende tener funcionarios especializados en el ámbito internacional.
«Permitirá definir los requisitos profesionales que diferencien a los profesionales encargados de la acción exterior del resto y dotarlos de un carácter especializado», apunta el gobierno catalán, insistiendo en que también permitirá compartir talento con otros departamentos. Actualmente, la Generalitat no tiene ningún cuerpo o escala de funcionarios o categoría laboral en la cual se requieran conocimientos especializados en materia exterior. Por eso, defiende que hay que «dar un paso adelante» y tener un cuerpo especializado en asuntos exteriores que permita «garantizar que la acción exterior catalana se planifica y se ejecuta de la manera más eficaz y eficiente» y con la «voluntad de generar el máximo impacto positivo para los intereses del país».
Entre los objetivos del nuevo cuerpo está el refuerzo de la proyección e influencia de Cataluña en el exterior y facilitar la promoción de los intereses y las políticas de la Generalitat al mundo; garantizar que la administración pública tiene personal preparado y con conocimientos y aptitudes específicas en materia exterior; la disposición de herramientas necesarias para convocar puestos de trabajo con los requisitos específicos que den respuesta a las necesidades del gobierno catalán en el ámbito internacional; la atracción y retención de talento y disponer a todos los departamentos de personal experto en materia internacional.
El personal se seleccionará a través de convocatorias específicas y el impacto presupuestario dependerá de la evaluación del personal necesario, apunta la Generalitat. El nuevo cuerpo es un proyecto de ley del gobierno catalán y tiene que ser aprobado por el Parlament. Primero, el departamento de Acción Exterior y UE tiene que redactar el anteproyecto de ley y después pasará un proceso participativo. Posteriormente, el ejecutivo catalán tiene que aprobar el anteproyecto y se tramitará en el Parlamento catalán.
