Los fantasmas de la corrupción rodean el candidato de Junts per Catalunya (JxCat) en Barcelona, Xavier Trias. El aspirante a alcalde dejó algunos escándalos de su anterior etapa al frente del consistorio de la capital catalana, y su mano derecha, Antoni Vives (exteniente de alcalde de Urbanismo, expresidente de BIMSA y exvicepresidente del Port de Barcelona), está siendo investigado en el caso 3% por presunto pago de comisiones ilegales a Convergència Democrática de Cataluña (CDC) a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.
Una acta judicial del año 2020 relata a las mil maravillas el modus operandi de la trama corrupta al Ayuntamiento de Barcelona. Era lo denominado caso 3%: “En el supuesto que nos ocupa, en muchos de los procesos de contratación expuestos es perfectamente conocido quién fue el concreto funcionario o funcionarios influenciados, y como se produjo exactamente esta influencia en cada una de las obras adjudicadas”, dice el documento. Enumera los “sólidos elementos objetivos indiciarios” que constan en la causa.
Estos elementos son “las irregularidades existentes en los procesos de contratación; la relación directa, continua y personal entre cada uno de los empresarios y los jerarcas del partido imputados; las comunicaciones y reuniones continuas entre unos y otros, ligadas siempre a la marcha y a los principales hitos de los procesos de contratación; las donaciones a las fundaciones del partido o la suscripción de convenios de ‘colaboración’; la relación cronológica entre las donaciones y las adjudicaciones; y la misma complejidad del sistema que los imputados construyeron para obtener la adjudicación de los contratos, la entrega del dinero y la financiación del partido CDC, que dificulta, sin duda de forma intencionada, la determinación de las personas concretas que intervinieron en los hechos y su actuación, fuera está claro de la participación de los investigados”.
Para los investigadores, Vives “ha sido uno de los altos cargos que contribuyó a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante ‘donaciones’ a fundaciones ligadas a CDC (Catdem y Foro Barcelona), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con el fin de ‘dirigir’ los tratos afectuosos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con ‘donaciones al partido’”. Su nombre aparece en ocho expedientes de obras sospechosas del Ayuntamiento. Su criterio era muy sui generis: llevaba un ranking de adjudicaciones del consistorio barcelonés que relacionaba el volumen de la obra pública adjudicada a las empresas identificadas como “nacionales”.
De momento, Vives está implicado en la concesión de presuntos contratos fraudulentos de grandes obras en la capital catalana por centenares de millones de euros. Pero una derivada del escándalo apunta que también puede tener responsabilidades en el desvío de casi medio millón de euros del dinero público a través de contratos con la productora Triacom entre el 2011 y el 2015, periodo en el cual Xavier Trias era alcalde. La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han solicitado información sobre varios pagos a Triacom por la campaña publicitaria del teléfono de emergencia 010 y por la inclusión de microespacios publicitarios en radios y televisiones entre el 2014 y el 2015 sobre Smart City. También se investiga la adquisición de los derechos de propiedad intelectual de la obra El caso de los catalanes, que Triacom produjo junto con TV3 y la Xarxa de Comunicació Local.
Triacom es propiedad de Oriol Carbó, exgerent de TV3. El dinero pagado por el consistorio, al parecer, eran después canalizados hacia facturas emitidas por las firmas Inversiones GANSOS, Emocional Base e interiorismo, la autenticidad de las cuales se está investigando. La primera de estas empresas lleva inactiva hace más de una década; la segunda es propiedad de Salvador Solé, cuñado de Oriol Carbó. Se sospecha que detrás de la operativa de desvío de dinero hay Antoni Vives i Germà Gordó.
Triacom ya fue utilizada para desviar dinero a CDC en la campaña electoral del 2010, abonando a Hispart, la empresa que organizaba los actos, el dinero que tenía que pagarle Convergència. En total, la empresa de Carbó asumió 750.000 euros de gastos en esta campaña mientras recibía cuantiosos contratos públicos. El pasado mes de marzo, una sentencia condenó Oriol Carbó, Salvador Solé i David Madí, y a varios empresarios más, a penas de entre 8 y 14 meses de prisión por fraude a Hacienda, así como a multas de 110.000, 219.000 y 219.000 euros, respectivamente. Los indicios aparecidos en el Ayuntamiento de Barcelona pueden significar otro palo para los dos cuñados, además de para Vives y Gordó.
Sin embargo, los pelotazos más grandes se han dado en el ámbito de la construcción, donde Vives lo dominaba todo. Bajo sospecha están las obras de los túneles de la plaza de Glorias. “Es relevante destacar que el concurso se anuncia al BOE el 10 de diciembre del 2014, y que el 22 de diciembre del 2014 se ingresan 40.000 euros en una cuenta corriente de Catdem. El día 15 de enero del 2015, tres días después de que acabe el plazo de presentación de obras para la licitación, Copisa, una de las mercantiles que conforman la UTE, da 25.000 euros a Catdem. El día 15 de mayo del 2015, después de una reunión entre Viloca Serrano [tesorero de CDC] y Tauler Ferrer [director general de la constructora Copisa], después de finalizar la apertura de plicas y realizarse la adjudicación definitiva de la obra, Copisa ingresa 50.000 euros a Catdem. (…) En este caso, las múltiples reuniones se produjeron entre los empresarios que serían los adjudicatarios (…) y participó Viloca Serrano, Gordó Aurabell [Germà Gordo], Vives Tomàs i Sánchez Vera, y es muy relevante que también en este caso queda directamente acreditada la participación en las reuniones y, por lo tanto, en la cadena de influencias, de un miembro de la entidad adjudicataria, Antoni Vives Tomàs, y se cierra así el círculo de las comunicaciones y el seguro del resultado”.
Las obras de los túneles se adjudicaron el 26 de febrero del 2015 a Rogasa, Benito Arnó e Hijos, Copisa y Comsa, por un importe de 103,6 millones de euros. El diciembre del 2014, Vives se había reunido con Rogasa, y el 3 de este mes mantiene otra reunión en “Córcega”, calle donde estaba situada la sede de CDC, a la cual asisten Vives y Francesc Sánchez, responsable jurídico de CDC, junto con representantes de las cuatro empresas ganadoras del concurso. A la agenda de Tauler consta una anotación que revela el motivo: “Glorias. UTE con Comsa y B. Arnó. Vender la UTE al más alto nivel. Presidente”. Constan varias reuniones de este directivo con Antoni Vives y contactos de este con los responsables de las otras empresas adjudicatarias. “Antoni Vives ostenta simultáneamente los cargos directivos de la empresa pública BIMSA de presidente y apoderado, los cuales mantiene hasta su cese el 18 de agosto del 2015, momento en que es nombrado consejero de esta empresa, y es a su vez, entre los años 2007 y 2015, regidor por CDC del Ayuntamiento de Barcelona y teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente entre los años 2011 y 2015”, especifica el acto. En otras palabras, los poderes de Vives eran inmensos, y dominaba no solo la maquinaria de la construcción municipal, sino que era, al mismo tiempo, vicepresidente del Port de Barcelona.
Otra de las obras bajo sospecha es el arreglo del Mirador de les Aigües, a la carretera de Horta a Cerdanyola, que dependía de BIMSA y fue adjudicada el junio del 2012 a la UTE formada por Oproler y Rubau Tarrés por 464.000 euros. Hubo numerosas reuniones entre directivos de la compañía con altos cargos municipales, a los cuales se les hicieron regalos personales. Sergio Lerma, presidente de Oproler, llegó a invitar Viloca y a Germà Gordó a su fiesta de cumpleaños a Madrid asumiendo su empresa gastos de hoteles, comidas y taxis. En la contabilidad de la empresa se encontraron las pruebas de viajes a Madrid para asistir a partidos del Real Madrid (invitaciones en el palco) y comidas y obsequios navideños a los máximos directivos de BIMSA. Un correo de Lerma a Josep Manuel Bassols, su hombre en Cataluña y exdirigent de CDC, decía el mayo del 2012: “Nos tendrán en cuenta en licitaciones”. Y en un documento interno de la compañía de enero del 2013 se anota: “Advierten que próximamente saldrá tramo 5 carretera Aigües y apoyo pasarela tramo 5”. Algo de cierto debía de haber en estas previsiones, porque la misma UTE recibió el 26 de noviembre del 2013 la adjudicación de varios carriles bici licitados también por BIMSA, por un importe de 1.240.000 euros. Cargos de esta compañía pública, junto a Vives, participaron en reuniones con los adjudicatarios antes de la concesión del contrato.
No se salva el Port de Barcelona. La obra del talud del dique del Este fue adjudicada el 28 de marzo del 2012 por más de 30 millones de euros a una UTE donde había ACSA, Copisa y Benito Arnó e Hijos, tres de las compañías que solían realizar donaciones a la fundación de CDC. El presidente del Port era Sixte Cámara, íntimo amigo de Artur Mas, y el vicepresidente era Antoni Vives. El 18 de abril del 2012, Copisa entrega 25.000 euros a la fundación Catdem, siguiendo el ritual, y 25.000 euros más a la Fundación Privada Foro Barcelona. El 26 de junio de aquel año, Copisa vuelve a ingresar 25.000 euros más en cada una de estas fundaciones.
La relación ya venía de lejos: “El día 5 de octubre del 2011 se dan una serie de comunicaciones vía SMS entre el que fue consejero de Interior de la Generalitat en aquella época, Felip Puig, y el vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Antoni Vives, que ponen de manifiesto que desde la mercantil Copisa, a través de la mediación de su presidente, Josep Cornadó, se promueve la obtención de un trato de favor hacia esta mercantil por parte de los órganos licitadores de obra pública gobernados por CDC”, dice el acto citado. En el sumario consta un SMS de Felip Puig a Vives. “Toni, has podido recibir Cornadó, de Copisa???”. Y el alto cargo del Ayuntamiento le contesta: “Todavía no, Felip, xo ya le hemos llamado. Sorry, vai (sic) de culo”. “Es que me dijo que todavía no le habías dado hora. Gracias. Recuerda que es muy buen amigo y compañero de viaje”, acaba Felip Puig.
El presidente de Copisa, Josep Cornadó, debía de ser buen amigo. El 16 de noviembre del 2011, fue recibido por el entonces alcalde Xavier Trias y por su mano derecha, Antoni Vives, en el despacho oficial del Ayuntamiento. El día anterior, se publicaba en el DOGC una licitación importante del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) y el mes siguiente se publicaría la de la reforma del dique Este del puerto. Aquel día, Xavier Tauler, director general de Copisa, anotaba a su agenda: “Port BCN-Comsa-*Gordó” y “Germà-obra del Port 40M/Consorci Enseny”. Solo hay que recordar que la obra del dique Este subió a 40 millones y que Copisa formaba parte de la UTE que se la adjudicó.
Respecto al resto de la anotación, parece referirse a la adjudicación del CEB para el mantenimiento de edificios escolares. Copisa se llevó uno de los dos lotes, el más cuantioso: algo más de 5,7 millones de euros. El dique Este, en cambio, fue adjudicado finalmente por algo más de 30 millones. Copisa era, de lejos, una de las más espléndidas cotizantes a CDC: a Fòrum Barcelona le ingresó 580.000 euros entre el 2008 y el 2013, y a Catdem, 610.000 euros entre el 2008 y el 2015.
En el caso de la obra de la ampliación sur del Port de Barcelona, la adjudicación ascendió a casi 12,9 millones de euros y fue adjudicada el 28 de marzo del 2014 a otra UTE de Comsa, Copisa y Benito Arnó e Hijos. Un día antes de la adjudicación, Copisa ingresa 30.000 euros en la cuenta de Catdem y 30.000 euros más al de Fòrum Barcelona. La remodelación del Paral·lel por casi 7 millones de euros también fue adjudicada a Copisa el 8 de mayo del 2014. Todo esto suponía un río de dinero hacia las cuentas corrientes de Convergència.
