El 18 de abril del año pasado, una iniciativa coordinada entre dirigentes del independentismo catalán y el colectivo canadiense Citizen Lab publicaba en Internet un informe bautizado como CatalanGate. Según este informe, los teléfonos de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya habrían sido espiados con los programas maliciosos Pegasus y Candiru. Al día siguiente de la publicación del informe en el portal de Internet de Citizen Lab, los máximos dirigentes de ERC, Junts, la CUP, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, celebraron una rueda de prensa en el Parlamento europeo para denunciar que habían sido víctimas de espionaje y responsabilizaron de ello al gobierno español.
La ANC llevaba tiempo al tanto de la investigación de Citizen Lab. Elisenda Paluzie, entonces presidenta de la ANC, dijo, en su intervención en Bruselas, que no habría sido posible sin el trabajo realizado por Elies Campo, un independentista que vivía en San Francisco, en Estados Unidos, y que, pese a no haber acabado los estudios universitarios de Ingeniería de Telecomunicaciones, había colaborado con el presidente de la Generalidad Carles Puigdemont, huido a la capital belga, en cuestiones relacionadas con la tecnología digital. Tan al día estaba la ANC de la investigación que cuatro meses antes había creado un portal web con el nombre de catalangate.cat.
Tanto el CatalanGate de Citizen Lab como el de la ANC presentaron un listado con las 65 personas cuyos teléfonos habían sido presuntamente espiados. Sorprendentemente eran dos listados diferentes en los que sólo coincidían en 57 casos. Es decir, había y hay un 12% de discrepancias. En la lista presentada por el laboratorio canadiense que preside Ronald Deibert aparecen cuatro personas que no están en la del ANC. Y, a la inversa, de las 65 ‘víctimas’ que aparecen en catalangate.cat hay cuatro que no constan en el CatalanGate de Citizen Lab.
En el listado del informe supuestamente riguroso de los canadienses encontramos a Arnaldo Otegi, David Bonvehí, Jon Iñarritu y Jordi Bosch. Ninguno de ellos aparece en catalangate.cat. En cambio, entre las 65 ‘víctimas’ denunciadas por la plataforma independentista que ahora preside Dolors Feliu se encuentran Carles Puigdemont, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Toni Comín. El ex-consejero de Salud, también huido a Bélgica, aparecía en el informe que Citizen Lab publicó hace un año pero el pasado mes de diciembre, Ronald Deibert dijo que estaba ahí por error porque uno de sus investigadores se había confundido al identificarle con otra víctima que tenía sus iniciales, A.C. Desde entonces, A.C. aparece sin identificar en el portal de Citizen Lab pero en el del ANC Toni Comín sigue apareciendo como una de las 65 ‘víctimas’ de espionaje. Ni Puigdemont ni Cuixart ni Junqueras constan en el listado de Citizen Lab.
En el Catalangate de Citizen Lab, además de A.C., hay otros cuatro afectados que constan como anónimos. El colectivo canadiense lo justifica diciendo que son personas que han pedido mantener su nombre en secreto. Lógicamente, ninguno de los cuatro dirigentes políticos que aparecen en el listado de la ANC y no lo hacen en el de Citizen Lab ha optado por mantenerse en el anonimato. Más bien, lo contrario.
¿Quiénes son, pues, los cinco ciudadanos que cedieron sus teléfonos a Elies Campo para que les dijera si habían sido espiados pero que no quieren que se hagan públicos sus nombres? El CatalanGate de Citizen Lab enlaza con una web realizada por la empresa catalana Domestic Data Streamers por encargo de Elies Campo. En ese portal se amplía la información sobre dos de los cinco personajes anónimos del CatalanGate. Uno es definido como un “abogado que representa a múltiples catalanes prominentes”. Teniendo en cuenta que sí aparecen identificados con sus nombres los abogados Gonzalo Boye, Andreu van den Eynde y Jaume Alonso-Cuevillas, todo apunta a que el abogado que no quiere que su nombre salga en este listado es Benet Salellas, que representa supuestas víctimas de Òmnium y la CUP.
También en este portal, que costó 32.600 euros y que es un lujo que no se ha permitido Citizen Lab en ninguno de sus informes anteriores y posteriores, aparece otro personaje anónimo presentado como una persona «muy cercana a Puigdemont».
Pese a la no coincidencia en los nombres de las víctimas, ambos listados se refieren a 65 afectados, lo que apunta a que esta cifra es el resultado de un acuerdo entre Citizen Lab y los dirigentes independentistas que hay detrás de esta campaña de propaganda. La ANC va más allá y detalla aparte la profesión de estas víctimas: 19 cargos electos, 14 activistas, 15 políticos, 4 abogados, 3 periodistas y 10 “otros profesionales”. Suma=65.
Un año después de la publicación del CatalanGate, Citizen Lab sigue negándose a que una comisión independiente fiscalice los resultados de su investigación y ninguna de las supuestas víctimas que han denunciado el caso en los juzgados españoles ha querido entregar sus teléfonos móviles a los magistrados que se los han pedido. Demasiada oscuridad, anonimatos y listas que no cuadran en esta campaña propagandística que parece concebida para que los abogados que defienden a los implicados en la trama rusa del procés o los actos del Tsunami Democràtic tengan argumentos para defender que se anulen sus procesos judiciales.
