La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ha denunciado que más de 6.500 hogares vulnerables catalanes no pudieron acceder al bono social térmico a pesar de tener derecho en 2021. Esta cifra equivale, según la APE, a 1,8 millones de euros si se suman las aportaciones del Estado y la Generalitat. La entidad hizo una petición de información pública al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat una vez acabada la última campaña de pago para conocer su grado de aplicación. El principal problema por no poder cobrar el bono social es que muchos hogares vulnerables no tienen domiciliación bancaria, sino que pagan las facturas en las oficinas de Correos. 100.233 personas fueron beneficiarias del bono social térmico en 2021, por los 111.918 de 2020.
El gobierno español creó un procedimiento en 2019 dirigido a estas familias para poder facilitar los datos bancarios, que permite hacerlo a través de una página web o el envío de un formulario por correo postal. La gestión de la siguiente anualidad, la de 2020, ya se transfiere a las comunidades autónomas, que tienen que crear sus propios procedimientos para obtener estos datos bancarios. Los datos facilitados en 2020 se conservan de cara a 2021, pero la APE detecta graves problemas de difusión para que la información llegue a todo el mundo que lo necesita.
Así, según los datos difundidos por la APE, para la anualidad de 2020, del total de hogares sin domiciliación al inicio de la campaña de pago, un mínimo de 10.297 se quedaron sin cobrar la ayuda, un 41%. Para la anualidad de 2021, de los 10.655 hogares que seguían sin haber facilitado los datos bancarios, un mínimo de 6.551 no cobraron el bono social.
