El juzgado de instrucción número 6 de Vic (Osona) ha archivado la denuncia contra cinco mosos de la unidad ARRO de la Región Metropolitana Norte (un cabo y cuatro agentes) acusados de un delito de torturas y lesiones contra una manifestante detenida durante las protestas de apoyo al rapero Pablo Hasél, en febrero de 2021, en la capital de la comarca de Osona. El juez ha decidido archivar provisionalmente la causa, puesto que considera que los delitos no están «debidamente justificados» y que la versión de la denunciante «no está bastante corroborada». La chica denunció, entre otros, haber recibido patadas en la cara y otras partes del cuerpo, y que fue trasladada «de rodillas» a la furgoneta policial.
Según el auto, al cual ha tenido acceso la ACN, la denunciante manifestó -tanto en el escrito de querella como en su declaración ante el juzgado- que, después de ser detenida, los agentes «la cogieron por el cuello de la chaqueta y del cinturón de los pantalones y, una vez en el suelo, le propinaron patadas en la cara y en otras partes del cuerpo». Además, el texto dice que la denunciante aseguró que uno de los agentes usó la expresión «la picamos o qué» y después le golpeó las lumbares con el bastón policial.
También denunció, según el auto, que, una vez detenida y dentro del vehículo policial, los agentes la golpearon varias veces y, en un momento dado, «notó que encima de las manos tenía un objeto cilíndrico de tacto suave que identificó como el pene de uno de los agentes». Al mismo tiempo aseguró que durante el recorrido de la furgoneta iba «esposada» y le hicieron sentarse de rodillas. También denunció que en ningún momento se pudo entrevistar de manera «reservada» con su abogado, y que cuando llegó a la comisaría solicitó asistencia médica. Además, el escrito asegura que la denunciante pidió ir al lavabo para vaciar la copa menstrual y que el agente que la acompañó le dijo: «limpia todo esto que da asco».
A pesar de que el juez considera que la denunciante expresa los hechos «de manera exhaustiva», asegura que el informe del Instituto Catalán de la Salud «niega caídas, contusiones y otros traumatismos». En el informe médico, asegura el juez en el auto, «no consta que (la detenida) manifestara al médico lo que pasó horas antes con los agentes y el informe médico tampoco recoge las lesiones denunciadas en el escrito de la querella».
El juez también constata que los agentes denunciados declararon «de manera coherente y verosímil». Según el escrito, los mossos explicaron que colocaron a la denunciante en la «trona», pero que no estaba sentada de rodillas. Además, aseguraron que esto sería «imposible» debido al espacio que hay entre los asientos de la furgoneta. De hecho, el juez da por «corroborado» este aspecto. Además, «todos los investigados coincidieron en su declaración que, durante el trayecto, de solo unos pocos minutos, el interior de la furgoneta era oscuro y todos estuvieron en silencio hasta que llegaron a la comisaría».
Sobre el asunto del pene, el auto recoge que «los agentes expresaron que van equipados con una serie de protecciones y un mono, de manera que es imposible sacar el pene si no se han retirado antes las protecciones, un hecho que puede tardar varios minutos». El juez da «verosimilitud» en la declaración de los agentes «dada la corta distancia entre el lugar de la detención y la comisaría».
