Los sindicatos de funcionarios judiciales han convocado una huelga indefinida para conseguir mejoras retributivas en la línea de lo que consiguieron hace poco los letrados de la administración de justicia a raíz de una huelga de dos meses. Los paros serán de 10 a 1 del mediodía cada día a partir del lunes 17 de abril. El miércoles 19 de abril, sin embargo, el paro será de todo el día y se prevé una manifestación en Madrid. Los sindicatos convocantes, CCOO, UGT, CSIF y STAJ, basan sus reivindicaciones en el reconocimiento de las funciones que realmente realiza cada uno de los cuerpos funcionariales, y exigen, en concreto, de 350 a 430 euros mensuales más de sueldo.
En un comunicado, los sindicatos convocantes encuentran más que justificada la convocatoria de huelga porque, según dicen, el gobierno central ha tratado como «funcionarios de segunda» al 93% del personal de la administración de justicia, que lleva el peso fundamental del trabajo, elevando las retribuciones de solo el 7% restante (los letrados). Para las organizaciones convocantes, actualmente no está reconocida la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de justicia (cuerpos generales, especiales y médicos forenses) ni las funciones reales de los cuerpos generales. Así mismo, manifiestan que se «desprecia» la implicación, la participación y el papel determinante de la inmensa mayoría del personal de la administración de justicia en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos.
Por otro lado, los sindicatos denuncian que el Ministerio de Justicia quiere imponer, sin negociar, la Ley de eficiencia organizativa que pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas del personal de los juzgados. Con las movilizaciones y la huelga convocadas, los sindicatos exigen la paralización de la tramitación parlamentaria de esta ley hasta que no se llegue a un acuerdo para modificarla en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.
CCOO, CSIF, STAJ y UGT también exigen el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realicen todos los cuerpos funcionariales, eliminándose la acumulación en el cuerpo de letrados de funciones que finalmente realizan y son delegadas en los cuerpos generales sin compensación. Por eso, reivindican el incremento del complemento general del lugar, que es el único concepto retributivo aplicable para todos los cuerpos generales y especiales y para todas las comunidades autónomas, tengan o no transferidas las competencias en materia de personal judicial.
Así, los sindicatos reclaman incrementos retributivos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (personal funcionario del grupo A1, igual que los letrados), 400 euros para los gestores y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2 ), 375 euros para los tramitadors y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y 350 euros mensuales para los auxilios judiciales (grupo C2). También exigen, finalmente, la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el grupo 1 (Madrid y Barcelona), y la publicación antes de que finalice esta legislatura y previa negociación colectiva del real decreto que establezca los criterios y las cuantías mínimas del complemento de carrera profesional.
