¿Con qué infla Ponsatí su inventario sobre la «persecución nacional» a los catalanes?

Clara Ponsatí

Con contexto histórico no conectado directamente con ninguna denuncia de «persecución nacional» contra los catalanes. La web Estatdedret.cat, impulsada por la eurodiputada y exconsejera de la Generalitat Clara Ponsatí, se presenta como el «inventario de una persecución nacional dentro de la UE» que ofrece un buscador y una cronología, entre otros recursos, para encontrar información entre 1.131 entradas que, según se afirma, «muestran el intento del estado español de dominar a los catalanes mediante los poderes del Estado«.

Ponsatí la ha promocionado como el fruto de años de trabajo: «Durante tres años, con mi equipo hemos recogido casos de vulneración del estado de derecho contra los catalanes de los últimos veinte años. Los hemos puesto en contexto han salido más de mil entradas». Se asegura también que «pone de manifiesto la discriminación de un «grupo objetivamente identificable», dentro de la UE» y se invita a enviar los casos por correo electrónico a la Comisión Europea.

El primer episodio de la «persecución nacional» incluido en la cronología de Ponsatí es el famoso discurso de José Luis Rodríguez Zapatero, durante una campaña electoral, sobre la reforma del Estatuto de Autonomía: «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán» .

De los siguientes tampoco se explica por qué se los considera exponentes, o al menos parte del contexto, de una «persecución». La entrada segunda corresponde a las elecciones al Parlamento catalán de 2003; la tercera; a la investidura de Pasqual Maragall como presidenta de la Generalitat; la cuarta es la constitución en el Parlamento de Cataluña de la ponencia encargada de redactar el Estatuto; y la quinta -quizás aún más insólita-, corresponde a los atentados yihadistas en los trenes de Madrid, que provocaron 193 muertos.

La celebración de las elecciones generales, la investidura de Zapatero como presidente (ambas de 2004) y el pacto Mas-Zapatero por el Estatuto se mezclan con hechos más susceptibles de ser interpretados como exponentes de una persecución, como la recogida de firmas del PP contra el nuevo estatuto y el recurso del PP en el Tribunal Constitucional contra la tramitación.

La destitución de los consejeros de ERC -contrarios en el Estatut- por parte de Maragall y la convocatoria del referéndum sobre el Estatut forman parte de la cronología. Como en el caso de la investidura de Maragall, también la de José Montilla (número 32) es una de las entradas con las que Ponsatí viste a su inventario sobre un intento de dominación español.

La condena del Tribunal Supremo al expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa (2008) aparece también, al igual que el caso Alsasua, ambos hechos relativos al País Vasco. Se reflejan, asimismo, la segunda investidura de Zapatero, las consultas populares sobre la independencia de Cataluña, las elecciones al Parlamento catalán de 2012 y la investidura de Artur Mas.

«Busca entre más de 1.000 entradas y denuncia los casos en la Unión Europea», ofrece la misma web que, entre las entradas más recientes -que, estas sí, concretan la supuesta vulneración denunciada-, muestra la elección de Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional.

La cronología concluye en enero de este año. La entrada 1130 corresponde al caso de un policía «infiltrado en los movimientos sociales e independentista de Barcelona», y la número 1131, y última, es la resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las cuestiones prejudiciales formuladas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

En total, según las cifras de la web, se recogen 461 entradas sobre vulneraciones de los derechos de expresión y manifestación (la más antigua, de 2008); 354 sobre politización de la justicia (también de 2008 hasta ahora); 209 sobre neutralidad de la Fiscalía (de 2014 hasta ahora); 152 sobre un «Tribunal Constitucional politizado» (empezando en 2006); 136 sobre vulneraciones del derecho a la representación política (desde 2008); y 109 relativas al régimen penitenciario (la primera de ellas , el caso Alsasua, es de 2016).

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