Hay que ayudar al presidente Pere Aragonès

Cataluña está en un momento crítico de su historia. Todo el empuje, la esperanza y la energía regeneradora que teníamos después de la muerte del dictador Francisco Franco se ha desvanecido y se ha perdido.

La larga hegemonía del pensamiento nacionalista –vector presente en todos los gobiernos de la Generalitat desde el año 1980, incluidos los de los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla- nos acabó llevando al laberinto independentista y al desastre anunciado del proceso. El año 2017 caímos al fondo del pozo y, cinco años después, todavía estamos en él.

La situación ha devenido todavía más grave con los casos de Laura Borràs, Ada Colau y Joan Laporta. El tiempo y el espacio han hecho que los tres coincidan, en este momento tan frágil y delicado, como presidentes de tres instituciones capitales que representan y sostienen a Cataluña: el Parlamento (Laura Borràs exige con vehemencia su restitución en el cargo de presidenta, a pesar de haber sido condenada a 4,5 años de cárcel por prevaricación y falsificación), el Ayuntamiento y el FC Barcelona.

Ada Colau fue elegida alcaldesa en 2015 con dos prioridades sobre la mesa: expulsar la corrupción convergente que se había infiltrado en el Ayuntamiento con Xavier Trias; y afrontar el problema de la vivienda –que entonces ya era grave- con la creación urgente de un parque público de alquiler a precio asequible, para jóvenes y familias necesitadas.

Ocho años después, la realidad es tremendamente decepcionante: con el dinero público, Ada Colau ha creado una espesa red clientelar y se ha dedicado a “comprar” los medios de comunicación, con los del conde de Godó al frente, con una montaña de millones para que escondan o maquillen el desastre; el problema de la vivienda es más grave que nunca, con los alquileres por las nubes y la gente angustiada para poder vivir bajo un techo.

Ada Colau se ha dedicado a crear problemas donde no los había y a dejar de encontrar y adoptar soluciones, rápidas y efectivas, a los problemas que queman a los barceloneses. La degradación es perceptible en todos los barrios y el desaliento impregna a la población.

La segunda etapa de Joan Laporta como presidente del Barça es un “delirium tremens”. Ha abocado el club a su autodestrucción y esta pulsión suicida solo se explica porque hay “alguien” que, con la complicidad de Joan Laporta, quiere hacer el “pelotazo del siglo” con la recalificación urbanística de los terrenos del Camp Nou en el barrio de las Corts.

“Alguien” tiene claro que el estadio permanente del FC Barcelona tiene que ser el Lluís Companys de Montjuic y que el nuevo Palau Blaugrana tiene que ser el Palau Sant Jordi. Para llegar hasta aquí, hay que destruir y quemar el patrimonio histórico del club azulgrana y esta es la tarea a la cual, con una pasión furiosa, se está dedicando Joan Laporta.

Para acabar de hundir al FC Barcelona en la miseria ha aparecido, además, el increíble escándalo del ex-árbitro José María Enríquez Negreira, a sueldo del Barça durante 17 años (!), durante las presidencias de Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Se trata de un abominable caso de corrupción deportiva que, como es obvio, será duramente sancionado por la UEFA y, lo que es peor, mancha por siempre el nombre y el prestigio del Barça a escala internacional.

De ser “más que un club”, el FC Barcelona ha pasado a ser el club de “las palancas y las trampas”. Con Joan Laporta, el Barça que habíamos conocido está condenado a muerte y, además, no es seguro que, aunque en el escudo del club luzca la cruz de Jesucristo, pueda resucitar.

En estas horas amargas para Cataluña, se impone preguntarnos hacia dónde hay que ir y qué hay que hacer. Ni yo ni nadie tiene ninguna fórmula mágica, pero sí que tenemos memoria y experiencia.

En una situación de naufragio como la actual –que ya describí en el artículo “Las diez plagas de Cataluña”– es preceptivo retroceder a la grave crisis de la transición postfranquista y reivindicar la alegría colectiva que generó el retorno del presidente Josep Tarradellas a Barcelona. Y, sobre todo, subrayar el acierto de su estrategia de buscar y encontrar la unidad de las fuerzas políticas.

El año 1977, asistíamos al derrumbamiento del régimen franquista y este 2023 estamos asistiendo al derrumbamiento del régimen pujolista, después de las sucesivas prórrogas encarnadas por Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra. Uno y otro, no hay que decirlo, son radicalmente diferentes, pero ambos regímenes tenían inquietantes puntos en común: su larga duración y voluntad de perpetuación; control de la sociedad, a través de la educación y el dominio de los medios de comunicación; exaltación patriótica, española uno, catalana el otro; instrumentación a su servicio de la Iglesia católica; demonización de los adversarios políticos; adulteración de la democracia, en el caso del pujolismo con la sobrerrepresentación del voto rural, etc.

Para intentar salir de este callejón sin salida, nos tenemos que agarrar, de entrada, a lo que tenemos: la Generalitat. Después de la fractura provocada por JxCat, el presidente Pere Aragonès gobierna con los 33 escaños de ERC, absolutamente insuficientes para hacer nada.

Primera constatación: no es el momento de especular con la convocatoria de elecciones anticipadas y hay que trabajar para agotar esta legislatura (2021-2025). Los catalanes, todos, necesitamos un horizonte con certezas y, en este sentido, el Parlament tiene la obligación de llevar a cabo su mandato y aprobar los presupuestos cuando tocan.

Segunda constatación: el presidente Pere Aragonès tiene que buscar la máxima unidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, tal como hizo Josep Tarradellas para salir de la crisis del régimen franquista. Esto quiere decir la búsqueda prioritaria del consenso máximo para abordar, hacer bandera y dar respuesta a las cuestiones capitales (sequía, infraestructuras, pobreza, energías renovables, educación, medios de comunicación públicos…).

Hay que ayudar al presidente Pere Aragonès. Pero también hace falta que el presidente Pere Aragonès ayude a ser ayudado. Por ejemplo, dejando aparcadas hasta la próxima campaña electoral cuestiones muy nebulosas como la “ley de claridad” o el referéndum de independencia.

Desde la CUP hasta el PP (Vox es una anécdota huidiza), desde la Intersindical hasta la UGT, desde Femcat hasta Fomento: en esta coyuntura excepcional, Pere Aragonès tiene la obligación de escuchar a todo el mundo y convocar a todo el mundo para pactar y consensuar la manera de salir del pozo y los pasos que hay que dar para retomar la marcha y avanzar.

Este es el gran servicio que puede y tiene que hacer ERC a Cataluña. Cerrar las heridas del proceso y abrir las coordenadas de pacto y concertación que tienen que guiar el futuro que empieza ahora.