La presidenta de la comisión de garantías jurídicas de Junts per Catalunya (JxCat), Magda Oranich, ha hablado claro: «Si yo fuera Laura Borràs, dimitiría del Parlament». Pero Laura Borràs hace justamente lo contrario. No solo quiere mantener el escaño, después de la condena por prevaricación y falsedad documental que le ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). También quiere continuar, como si nada hubiera pasado, como presidenta del partido JxCat.
Después de la devastación provocada por el proceso independentista, se hace difícil encontrar referentes sólidos en el antiguo mundo convergente. La confesión de Jordi Pujol ha destruido su biografía y su credibilidad. Artur Mas y Carles Puigdemont se han autoexcluido del liderazgo. Jordi Turull navega en un mar de contradicciones, Xavier Trias no quiere saber nada del partido y Jaume Giró es un paracaidista con ambiciones, pero sin tropa y sin cuadros.
En este contexto, es bueno oír la voz de Magda Oranich. Tiene una trayectoria cívica y militante contrastada, que arranca en la lucha antifranquista. Como abogada, tuvo el coraje y la dignidad de defender a dos de los últimos condenados a muerte por la dictadura: Salvador Puig Antich y Jon Paredes Manot (Txiki).
Antes de aterrizar en Convergència, Magda Oranich había estado en la Asamblea de Cataluña –cuando era la plataforma unitaria de oposición a la dictadura- y, después, en las filas de Nacionalistes d’Esquerres y de Iniciativa per Catalunya. Por lo tanto, tiene un bagaje político plural en las antípodas del dogmatismo y del sectarismo que, desgraciadamente, infundió la doctrina pujolista.
Con la auctoritas que le da su dilatada hoja de servicios en defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades catalanas, Magda Oranich merece ser escuchada y respetada. Esta prestigiosa abogada dice las cosas por su nombre: que Laura Borràs ha sido pillada en un caso de corrupción de libro; que ha tenido un juicio justo y ponderado; que, después de ser condenada, tiene que dar un paso al lado y renunciar al escaño, como mandan los códigos parlamentarios occidentales; que, en consecuencia, tiene que renunciar absolutamente a la pretendida presidencia del Parlament; y que su situación penal es incompatible con el hecho que continúe siendo la presidenta de JxCat.
Magda Oranich habla desde la racionalidad y desde la honestidad. Como es obvio, y hasta que no se demuestre lo contrario, aquí disfrutamos del derecho a la libertad de expresión. Pero, como ella misma ha denunciado, desde que ha manifestado públicamente estas opiniones, ha sido víctima de un virulento linchamiento en las redes, por parte de un ejército de gremlins de lauristas irredentos. Desde la distancia ideológica, pero desde el máximo respeto democrático, todo mi apoyo a Magda Oranich.
La nueva Cataluña post-proceso la tenemos que construir a partir de grandes consensos básicos, del mismo modo que hicimos después de la muerte de Franco, durante la transición post-franquista. Uno de ellos tiene que ser el compromiso de combatir frontalmente y erradicar la corrupción de nuestras administraciones públicas.
La corrupción es el principal enemigo de la democracia y la gasolina que alimenta al populismo. Cataluña, durante estas últimas décadas, ha sido gravemente infestada por esta enfermedad y esto ha carcomido el prestigio de nuestras instituciones.
El caso de Laura Borràs en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) es de manual de las prácticas corruptas y por eso tiene que ser condenado públicamente, sin tapujos ni sordina. Afirmar que se trata de una operación de lawfare o de persecución política por tratarse de una conocida independentista es volver a los viejos tiempos del pujolismo, cuando las denuncias de los casos de corrupción se menospreciaban y se eludían agitando la señera, con el argumento que eran «ataques contra Cataluña».
Tenemos organismos con capacidad para detectar y perseguir la corrupción –la Fiscalía, la Oficina Antifraude, la Sindicatura de Cuentas…- y lo que hace falta es dotarlos de todos los medios para investigar y desmantelar las tramas corruptas. Pero es preciso, también, que el Estado provea las plazas de secretarios e interventores en todos aquellos ayuntamientos que todavía no tienen. Esta carencia es una puerta abierta para que se infiltre la corrupción, en especial en los pequeños municipios.
Otro consenso que hace falta que establezcan los partidos es el rechazo y la persecución de las expresiones de odio en las redes sociales y en la vida pública, en muchas ocasiones fomentadas desde las propias estructuras partidistas. Magda Oranich ha sido una víctima más, por osar expresar libremente su opinión sobre la condena judicial a Laura Borràs.
Hay que reivindicar la política como una vocación digna y honorable. Quienes la ensucian con mensajes y fake news cargadas de odio -normalmente, amparándose en el anonimato que permiten las redes- tienen que ser señalados y excluidos. Los partidos tendrían que ser muy estrictos en la creación de un ambiente político de respeto y proceder a la sanción y a la expulsión de los militantes gremlins que rompen la convivencia social con sus mensajes incendiarios y provocaciones.
Desgraciadamente, los gremlins proliferan y los hay en todas las familias políticas, si bien han encontrado un hábitat propicio en el mundo independentista y, específicamente, en el subcontinente Waterloo. Como pasa en la película sobre estos bichos, solo la luz del Sol tiene el poder de acabar con su tóxica y violenta existencia. Hay que focalizarlos, desenmascararlos y aislarlos para que no enturbien el debate público con sus salvajadas.
