Jaume Roures sigue siendo un personaje tan visible en el entorno del Barça como misterioso por sus idas y venidas al universo azulgrana, y por su extraña sensibilidad y posicionamiento respecto de la actualidad y gestión del club, pues lo mismo avala a Joan Laporta, sin haber sido elegido ni estar capacitado, que compra el 24,5% de Barça Studios sin querer saber nada de Barça TV ni de los contenidos propiamente audiovisuales del club. En ambos episodios el común denominador ha sido enmendarle la papeleta a Joan Laporta, que primero ganó las elecciones sin tener el aval para poder tomar posesión y después se puso a fichar jugadores sin el margen salarial suficiente para poderlos inscribir.
Ahora vuelve a aparecer en el horizonte barcelonista también como actor en la eterna escena del laportismo, demonizando y culpando a Josep Maria Bartomeu de las siete plagas sufridas por el Barça en los últimos tiempos. Jaume Roures se presenta ahora como acusador contra Josep Maria Bartomeu y Jaume Masferrer en una querella que, finalmente, ha acabado en juicio señalado por un delito continuado de injurias graves con publicidad.
Sin embargo, el conflicto original ante los tribunales había arrancado como una pieza separada del Barçagate, inicialmente porque Jaume Roures se había sentido injuriado y calumniado por una serie de cuentas de Twitter que, desde Sudamérica, publicaron tuits y posts en Facebook considerados por él como ofensivos contra su persona y sus negocios, pero también indiciarios de delitos de injurias y de calumnias.
Roures se personó como parte afectada y la jueza del caso, tras instruir las diligencias oportunas, emitió una resolución de archivo por considerar que las citadas cuentas no contenían elementos delictivos como los reclamados y que, además, estaba por ver que Josep Maria Bartomeu fuera el directo responsable de la creación de estas cuentas y de haber ordenado editorializarlas contra el empresario catalán de Mediapro.
La reacción de los abogados de Roures fue la de recurrir ese fallo ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que, en respuesta a su insistencia, valoró que quizás la instrucción no había realizado una investigación tan exhaustiva como para sostener el archivo. Una decisión singular y poco común, consistente en devolver la pelota al campo de juego de la jueza para volver a empezar el partido, por decirlo de algún modo.
Eso sí, cambiando parcialmente el alegato de la acusación y rebajando el posible delito a sólo de injurias tras haberse eliminado el de calumnias, pues en la instrucción quedó demostrado que las noticias publicadas sobre Roures y Mediapro eran ciertas. Así lo reflejó la jueza Alejandra Gil en su resolución, admitiendo como cierto lo publicado sobre que “una filial del grupo Mediapro en Miami aceptó pagar dinero para evitar la continuación de un procedimiento referente a dos delitos de fraude por sobornar a altos directivos de asociaciones de fútbol del caribe para hacerse con derechos de comercialización de partidos. En cuanto a la evasión fiscal y al hecho de tener cuentas en distintos lugares del mundo con el único objetivo de pagar menos impuestos, ya en 2014 se publicó que el Sr. Roures es cotitular de 150 cuentas, con más de 250 millones de euros, abiertas en entidades financieras de distintos países, entre ellos auténticos paraísos fiscales… caracterizados por tener una bajísima tributación. También se imputan hechos concretos cuando, el 17/9/19 se publicó que el Sr. Roures emitió facturas falsas por un valor de 351.746 euros que sirvieron para pagar sobornos al presidente de la Diputación de Lleida Joan Reñé Huguet, facturas que sirvieron para justificar la disposición de dinero en efectivo que luego se entregaba en billetes de 500 al político ilerdense (…) Lo cierto es que la publicación se limita a reproducir lo que el día anterior publicó OK Diario. Lo mismo sucede con las publicaciones referidas a la colaboración con ETA del querellante; noticias ya publicadas en el año 2017”.
Por ese motivo, el periodismo del Barçagate (Cadena SER y Agencia EFE) no preparó ningún podcast extraordinario, porque en la repetición de la jugada, si la defensa de Roures intentaba rebatir estos hechos sobre los que fundamentaba el delito de calumnias, debería reabrirse y repasar ese tipo de noticias sobre Roures y Mediapro que, desde luego, no benefician su imagen. Ahora, en el juicio señalado para resolver casi definitivamente esta primera rama del Barçagate, el delito de calumnias ha decaído y se tratará el de posibles injurias graves continuado con el agravante de publicidad.
Se da la circunstancia, añadida, de que el fiscal se ha inhibido del caso, aludiendo que, después de todo, se trata de una disputa entre particulares.
El tema de fondo, en definitiva, ha dejado de interesarle porque, además, la propia magistrada, cuando afirma que atribuirle a Bartomeu la paternidad de esas cuentas y de su contenido es una cuestión improbable con el material analizado hasta la fecha, deja en el aire el propio fundamento de la querella contra este expresidente del FC Barcelona.
Jaume Roures no ha demostrado tampoco demasiado interés en el contenido concreto de la causa, pues ha afirmado que realmente “el contenido de esas cuentas me resbala”, poniendo el foco en la gravedad de la gestión de Bartomeu en base que los pagos del Barçagate no pasaron por ningún control riguroso.
No parece que estos argumentos de Roures sean ahora mismo los más apropiados para aplicarlos exclusivamente a la anterior directiva, pues él mismo se ha alarmado tras conocer los primeros detalles del caso Negreira.
Lo que no recuerda Roures, aunque sí lo sufrieron la contabilidad y los recursos del club, fueron las consecuencias, en forma de multa millonaria contra el FC Barcelona, por el contrato de cesión de los derechos de TV que le firmó Joan Laporta dos días antes de las elecciones de 2010, habiendo sido advertido previamente por la Comisión Nacional de la Competencia. Tampoco pasó ningún control interno su contrato de servicios y proveedor exclusivo de Barça TV de aquellos tiempos con un coste casi superior al de la Masía.
