Andorra mantiene vulneraciones en derechos fundamentales como el aborto y la libertad de expresión

El informe anual de Amnistía alerta de riesgos para el activismo y de una respuesta insuficiente ante la violencia de género

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Manifestació internacional de Stop Violències per la despenalització de l'avortament (Foto: M. Márquez)

Amnistía Internacional ha vuelto a señalar a Andorra por sus carencias estructurales en derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género y la libertad de expresión. El informe anual publicado este martes constata que el Principado mantiene la prohibición total del aborto, incluso en los casos de violaciones a menores, una situación que obliga a las mujeres y niñas a desplazarse al extranjero para interrumpir el embarazo y vulnera sus derechos.

Según una investigación periodística transfronteriza publicada en 2025, una media de 131 mujeres residentes en Andorra viajan cada año a España para abortar. Aunque el jefe de Gobierno, Xavier Espot, anunció ante el Consejo de Europa la preparación de una propuesta para despenalizar el aborto en 2027, ésta no prevé que el servicio se pueda prestar dentro del país, lo que perpetuaría la dependencia del exterior y la vulneración de derechos de las mujeres y las niñas.

Las advertencias de Amnistía Internacional con respecto a la situación del aborto en Andorra se suman a las de otros organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que instó al Estado andorrano a «revisar su legislación para garantizar el acceso efectivo a un aborto legal y seguro cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo o cuando llevar a cabo el embarazo le cause dolor. o sufrimiento físico y mental, en particular cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto o no sea viable».

Las carencias de Andorra en derechos de las mujeres también se extienden al ámbito de la violencia de género. El informe de Amnistía señala que las medidas adoptadas para hacer frente a esta brecha son insuficientes, especialmente en la recopilación de datos.

De hecho, recuerda que el Grupo de Expertos del Consejo de Europa (GREVIO) ha instado a Andorra a mejorar los sistemas de información para incluir datos sobre la relación entre víctima y agresor, el tipo de violencia ejercida y las resoluciones judiciales. Igualmente, reclama al Estado que involucre a las organizaciones de derechos de las mujeres en la elaboración de políticas públicas para prevenir y combatir la violencia de género.

Legislación contraria a la libertad de expresión

Amnistía también pone el foco en los riesgos para la libertad de expresión y alerta de que la legislación sobre difamación que penaliza las críticas a las autoridades y a las instituciones andorranas continúa vigente, en contradicción con los estándares internacionales. Este marco legal ha sido clave en el caso de la defensora de derechos de las mujeres Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la asociación feminista Stop Violències y psicológa social, que fue procesada a raíz de sus declaraciones ante un comité de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos de las mujeres en el país.

Al igual que Amnistía, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también reprochó a Andorra que el artículo del Código Penal por el que se juzgó a la presidenta de Stop Violències se mantenga vigente sin modificación alguna, y se mostró preocupado por «el efecto disuasorio que la criminalización de la difamación podría tener sobre la libertad de expresión, incluso en lo que respecta a los defensores de derechos humanos«.

Más carencias en derechos fundamentales

El informe anual de Amnistía también alerta de la situación de las personas transgénero y de la vivienda. En cuanto al primer asunto, aunque el Gobierno de Andorra anunció la publicación de los protocolos para implementar servicios de afirmación de género previstos desde 2022, estos no estaban disponibles a finales de año, lo que pone en riesgo la salud y el bienestar de este colectivo.

En materia de vivienda, Amnistía reconoce la aprobación de una ley para proteger este derecho, pero critica que no incluya medidas concretas para ampliar el parque de vivienda social. Esta limitación contrasta con la percepción ciudadana, que sitúa el acceso a una vivienda asequible como la principal preocupación en el país.

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