Andorra niega a las mujeres el derecho a interrumpir el embarazo, incluso en casos de violación

Las obliga a viajar a Cataluña o a Francia y a pagar entre 300 y 6.000 euros para abortar

Hace unas semanas, el movimiento feminista internacional celebraba la despenalización del aborto en Colombia, un cambio legislativo histórico para un país donde, cada año, unas 400 mujeres eran procesadas por abortar. Una gran noticia, sin duda, a pesar de que, como señala la asociación feminista Stop Violències, de Andorra, “un derecho no se gana hasta que es de todas” y, precisamente, las mujeres andorranas no lo pueden ejercer: en el Principado de Andorra el aborto es ilegal y está contemplado en el Código Penal.

Es un “delito contra la vida humana prenatal” y comporta penas de hasta dos años de prisión para las mujeres que lo lleven a cabo y de hasta tres años de prisión y cinco de inhabilitación para los médicos que lo practiquen. Esta legislación tan restrictiva es un problema para las andorranas que quieren abortar, las cuales están obligadas a desplazarse a otros países, a parir y a dar el bebé en adopción o bien a recurrir a métodos no seguros.

En el Principado, es ilegal abortar incluso en caso de violación, cuando la vida del feto no es viable fuera del útero materno o cuando la salud de la mujer está en peligro, unas situaciones que la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por las siglas en inglés) reclama que hay que despenalizar. El órgano de la ONU afirma que las leyes que castigan el aborto son “discriminatorias” y suponen “un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a la atención médica”, y recuerda que la jurisprudencia internacional indica que “negar el acceso al aborto a las mujeres en estos casos viola el derecho a la salud y a la privacidad” y, como afirmó el relator especial en un informe de 2016, “vulnera el derecho de las mujeres a no ser sometidas a tortura o maltratos”.

Sin embargo, Andorra se niega a cumplir las directrices de la ONU, de forma que las andorranas y las temporeras que trabajan en el país se ven obligadas a ir a Francia o en Cataluña para abortar, una solución que no está al alcance de todas, puesto que implica un esfuerzo económico importante. Según Stop Violències, en función del trimestre de embarazo las mujeres tienen que pagar entre 300 y 6.000 euros: de 300 a 500 cuando se trata de un aborto de primer trimestre, y de 4.000 hasta 6.000, depende de la clínica, cuando es a partir del segundo trimestre.

A estos gastos se tiene que añadir el viaje de Andorra a Barcelona –en el resto de Cataluña no hay clínicas donde puedan abortar–, la estancia y el desplazamiento de vuelta. A menudo las mujeres tienen que ir a la capital catalana varias veces, hasta que encuentran el centro adecuado, e incluso pasar alguna noche, un tiempo de que muchas no disponen porque no pueden faltar al trabajo.

Las andorranas sufren por partida doble, puesto que, cuando vienen a Cataluña, también tienen que hacer frente a las barreras que la ley impone a las mujeres que quieren abortar. En primer lugar, como el resto de personas con la condición de inmigrantes, no pueden acceder al sistema público de salud si no se trata de una urgencia –se ofrece atención médica urgente a los que no tienen recursos–, de forma que no tienen otra opción que recurrir a clínicas privadas para abortar. Por otro lado, la legislación actual obliga a las mujeres a pasar por un periodo de reflexión de hasta 72 horas antes de llevar a cabo el aborto, un protocolo que implica alargar más el proceso y, por lo tanto, el sufrimiento de las mujeres.

En tercer lugar, las menores de 18 años necesitan el consentimiento de los tutores legales para abortar, hecho que es un problema para las que no cuentan con el apoyo de sus progenitores o están bajo la tutela de instituciones religiosas. Otra barrera son los efectos del derecho a la objeción de conciencia, reconocido a la Constitución, por el cual en muchos hospitales con concierto público no hay ningún médico dispuesto a practicar un aborto. Según los datos de Salud, en 2020 un 44% de los facultativos declaró la objeción de conciencia. De estos, un 23% estaban dispuestos a practicar abortos quirúrgicos por prescripción médica, mientras que un 21% se negaban a hacerlo en todos los supuestos.

Presión internacional
En octubre de 2019, Stop Violències presentó un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW) señalando las vulneraciones de los derechos de las mujeres que se producen en el país. Durante la sesión del comité, los expertos recriminaron a la delegación andorrana la negativa a despenalizar el aborto: “Les pedimos que lo legalizaran en casos en que esté en peligro la salud de la mujer, casos de violación o de no viabilidad del feto. No se ha hecho nada en este sentido”, lamentó la argelina Louiza Chalal. En los informes, el comité manifestó su preocupación por este aspecto, y también por el hecho de que mujeres y niñas tienen que viajar al extranjero para abortar y porque “las que no tienen medios para desplazarse” pueden verse obligadas a “someterse a abortos de riesgo”.

La CEDAW instó a Andorra a legalizar la interrupción del embarazo, al menos, en los supuestos mencionados, y a modificar el artículo del Código Penal que afecta a los médicos, para que así puedan informar a las pacientes sobre el aborto sin “el miedo constante de que sus servicios puedan ser objeto de investigaciones y procesamientos penales”.
El Gobierno andorrano respondió a la documentación presentada por Stop Violències denunciando a la presidenta de la entidad, Vanessa M. Cortés, por presuntas calumnias, difamaciones y contra el prestigio de las instituciones, denuncias por las cuales se enfrenta a una condena de hasta cuatro años de prisión y 30.000 euros de multa. Amnistía Internacional considera “profundamente preocupante” que Cortés “esté siendo criminalizada para llevar a cabo acciones legítimas” como defensora de los derechos humanos, y pide en el Gobierno que retire los cargos.

Carencia de transparencia
A finales de 2018, Stop Violències creó la Xarxa La Meri, con la cual acompaña a las mujeres y les informa sobre como abortar en Cataluña de manera segura. Hasta 2021, han atendido a un centenar. Como respuesta, después de la sesión de la ­CEDAW, en marzo de 2020 el Gobierno de Andorra puso en marcha el Servicio Integral de Atención a la Mujer (SIAD), con el objetivo de asesorar y orientar las mujeres en salud sexual y reproductiva, incluido el aborto. Del trabajo que hace el servicio, pero, no hay prácticamente ningún dato. La última noticia que publicó el Gobierno en su página web sobre el ­SIAD, el 8 de marzo de 2021, explicaba que desde su creación hasta aquella fecha, el servicio había atendido a 21 mujeres de entre 16 y 45 años, de las cuales 17 pidieron información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Los datos también indican el estado civil de las mujeres y el canal de consulta a través del cual contactaron con el SIAD, pero no se sabe nada sobre si, después de estas consultas, las mujeres acabaron abortando.

Cambiar la legislación no será fácil. Uno de los copríncipes de Andorra, junto con el presidente de la república francesa, es el obispo de la Seu d’Urgell, Joan-Enric Vives, quien podría tener un conflicto institucional con el Vaticano si se legalizara el aborto. A la CEDAW, Andorra dejó claro que no quieren “estar sumergidos en una crisis institucional” y que despenalizar el aborto “supondría un cambio de nuestro sistema”.

 

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