La Audiencia de Barcelona ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona que reabra la investigación por la malversación presuntamente cometida con la consulta soberanista del 9N, celebrada en 2014.
El recurso de la Fiscalía contra el sobreseimiento decretado sobre este asunto en 2021 ha tenido éxito y las defensas no pueden plantear ningún recurso contra esta decisión, por lo que el Juzgado 18 deberá reanudar la investigación, que afecta al exsecretario general del Diplocat Albert Royo.
Hace dos años, el Juzgado 18 había archivado la pieza porque la sentencia condenatoria a los máximos responsables del 9N, el expresidente catalán Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsejera Irene Rigau, había descartado que fueran culpables de malversación.
En concreto, Royo será investigado por haber autorizado el pago del viaje a Cataluña de ocho diputados europeos, en una causa centrada en determinar si altos cargos de la Generalitat destinaron fondos públicos a la promoción exterior del procés.
El propio Royo ha ironizado en Twitter sobre su situación: “Me han impuesto fianzas de millones de euros y por duplicado por unos mismos hechos, me reclaman 250.000 euros en el juzgado 13 por el 1-O y cientos de miles de euros por el trabajo realizado en Diplocat entre 2013 y 2017. Ahora no nos pondremos nerviosos por 60.000 euros de más por el 9N”.
El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga a Royo por los preparativos del 1-O y el Juzgado 18, por la acción exterior. Además, el exsecretario general del Diplocat fue encausado por el Tribunal de Cuentas por los gastos de promoción del procés.
