Desde que la directiva de Joan Laporta anunció hace unas semanas la concesión de las obras a la constructora turca Limak, un acuerdo que fue presentado en un acto cerrado a la prensa el día 31 de enero pasado, no se ha generado una sola buena noticia, esperanzadora o estimulante respecto de las posibilidades de que, cuando llegue el momento, la empresa elegida sea capaz de cumplir con las exigencias del compromiso adquirido, frente al resto de las UTE presentadas a la licitación, de reformar el Camp Nou en el tiempo establecido de un año y cinco meses, y por un precio máximo de 900 millones.
La atmósfera de recelo y de desconfianza que, en general, ha provocado la elección de Limak se ha visto reforzada en las últimas horas por las reacciones sociales a las trágicas consecuencias del terremoto devastador registrado esta semana en un vasto territorio de Turquía y de Siria. Un total de 13 millones de personas se han visto afectadas de alguna manera por los seísmos, el principal y sus réplicas, con un trágico balance que hasta este miércoles rondaba los 13.000 muertos y casi 50.000 ciudadanos heridos que pudieron ser rescatados.
La declaración del estado de emergencia por parte del presidente Recep Tayyip Erdoğan en trece regiones de su país no servirá de mucho si realmente no se ponen al servicio de la población los recursos suficientes, urgentes y eficientes para reanudar los servicios de básicos de acogida, agua, electricidad y alimentación en una zona donde, además, el invierno está siendo crudo y las condiciones de vida, tras la catástrofe, se han vuelto imposibles. Centenares de miles de personas se han quedado sin hogar en este momento y otras tantas ya han exigido al gobierno que las empresas de construcción favoritas del gobierno -las mismas que siempre se llevan millonarios proyectos públicos como el aeropuerto de Estambul y grandes infraestructuras-, entre ellas la más importante, Limak, devuelvan este trato de favor con su inmediata activación para la retirada de los escombros y localización de los posibles supervivientes y víctimas bajo las ruinas. Se les exige que den impulso a la instalación de zonas de refugio y servicios para los millones de afectados y el rápido inicio de reconstrucción de los equipamientos imprescindibles y de viviendas para los miles de turcos que han perdido, además de familia, su único hogar.
Las redes sociales han entrado en combustión y exigido que “devuelvan a la sociedad turca todas esos favores del gobierno obtenidos a lo largo de los últimos años”. La población pide que las grúas de Limak y de otros consorcios aparezcan rápidamente y dediquen todos sus esfuerzos al rescate y auxilio de las víctimas.
Es pronto para determinar las consecuencias de esta situación imprevista, pero no se puede descartar, al contrario, que Limak vea afectados sus planes y proyectos inminentes como el Camp Nou a causa del inexcusable deber de asistir a las necesidades de la población afectada terriblemente por el terremoto.
La presión ciudadana exigiendo una reacción de Limak al SOS de las ciudades destruidas responde a ese histórico trato de favor recibido por los diferentes gobierno turcos a lo largo de los años, principalmente por la escandalosa concesión de la construcción del aeropuerto de Estambul que ha acabado siendo una ruina para el país.
Esa infraestructura, la joya de la corona de Limak, fue inaugurado dos años después de que pudiera entrar en funcionamiento verdaderamente para aparentar que se habían cumplido los plazos establecidos. Las obras de iniciaron el 7 de junio de 2014 y debían terminar el 29 de octubre de 2017, momento en que se teatralizó ese estreno sin que estuviera ni mucho menos terminado.
Los licitantes Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin y Mapa ganaron un concurso de 22 mil millones y un derecho de explotación del aeropuerto durante 25 años porque, en principio, el capital lo prestaban las compañías constructora. Sucedió, sin embargo, que se produjo un sobrecoste de 4.500 millones que acabó financiando el tesoro turco tras añadir una desviación final de otros 1.500 millones. Además, el Estado turco les garantizó que si los ingresos por la gestión del aeropuerto no superaban un determinado techo, el gobierno se hacía cargo. Cuando se empezaron a acumular retrasos, pues al final no estuvo operativo hasta abril de 2019, las tensiones y las disputas internas acabaron con un solo perjudicado, las finanzas del estado que hubieron de acabar compensando deudas e intereses no contemplados en el origen de aquel gran negocio. La infraestructura terminada ha revelado, además, graves problemas de logística y de funcionamiento por su mala ubicación y deficiencias de todo tipo en el proyecto constructivo. Limak también ha recibido numerosas críticas por otras obras públicas como la presa hidroeléctrica de Yusufeli por las precarias condiciones de trabajo a los que han sido sometidos los trabajadores.
Limak, en definitiva, se ha ganado una merecida mala reputación por ser la constructora favorita de Erdogan y por esos privilegios que, además, le han permitido acumular beneficios sin tener que rendir cuentas a nadie pues actualmente no cotiza en bolsa.
Por estos motivos, innumerables voces reclaman ahora que Limak devuelva al país y a los ciudadanos una parte de su riqueza acumulada gracias al dinero público con una actitud solidaria y generosa en estos tiempos críticos para los damnificados del terremoto, uno de los más letales de la historia por su efecto en varias ciudades y poblaciones de su zona de impacto.
Será difícil que Limak, seguramente a cambio de una potente inversión del gobierno, no se vea involucrada en la compleja tarea de auxilio y de reconstrucción que comprometa a corto y medio plazo sus recursos de maquinaria especializada, obreros e ingenieros. Habrá que ver cómo esta circunstancia, de enorme magnitud, afecta al proyecto de reforma del Camp Nou, si Limak debe priorizar la atención urgente a las secuelas del terremoto.
