Los relatores especiales de Naciones Unidas que han elaborado el informe sobre el supuesto espionaje a partidarios de la independencia de Catalunya, dado a conocer por Esquerra Republicana este martes 3 de enero, está lleno de errores y sorpresas. Una de las sorpresas que incluye este informe es que incluye los datos de las tentativas de infección que supuestamente sufrieron varias de las personas incluidas en este dossier, entre ellas el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Un error clamoroso cometido por los relatores es el que asegura que en agosto de 2019 la entonces presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, fue advertida por el colectivo canadiense que elaboró el CatalanGate de que el su teléfono móvil había sufrido dos ataques con el malware Pegasus. Sin embargo, Citizen Lab no comenzó su investigación hasta el verano de 2020. Paluzie afirmó en un vídeo grabado poco después de que Citizen Lab publicara su CatalanGate que le habían avisado en agosto del 2019 pero rectificó cuando EL TRIANGLE puso en evidencia la contradicción que esa afirmación implicaba y dijo que había sido en 2020. Sin embargo, el informe de los relatores no ha corregido este error.
El CatalanGate de Citizen Lab no detalla en qué fechas se produjeron las tentativas de infección de los teléfonos móviles de las personas supuestamente objetivos del espionaje. El informe de los relatores sí lo hace. Así, de Pere Aragonès el CatalanGate de Citizen Lab sólo dice que recibió tres mensajes SMS imputables a infecciones con Pegasus sin concretar en qué fecha atacaron su teléfono móvil. Los relatores afirman que el actual presidente de la Generalitat recibió estos SMS los días 4, 5 y 13 de enero. Una situación idéntica se produce en otras personas que los relatores incluyen en su informe como víctimas de espionaje. Son Arià Bayé y Sonia Urpí, de la ANC, Josep Maria Jové, Marta Rovira y Sergi Sabrià (ERC) y Jordi Baylina (experto en tecnologías digitales).
El documento firmado por los tres relatores es la respuesta a una denuncia que presentó la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Ginebra. Esta denuncia sólo aportaba información de 14 personas: 5 de la ANC, 7 de ERC, Jordi Baylina y el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde. Rovira no incluyó a ninguno de los dirigentes de Junts, incorporados al CatalanGate de Citizen Lab, como Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí o Laura Borràs, ni de la CuP, como Anna Gabriel o David Fernández. Y es en base a estas 14 personas que han realizado su informe los relatores. Afirman en él, por ejemplo, que «múltiples organizaciones de la sociedad civil catalana que apoyan la independencia también fueron víctimas de Pegasus, incluidas la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium». La ANC y Òmnium son las dos únicas organizaciones de la sociedad civil catalana que aparecen en este CatalanGate.
El escrito de los relatores se publicó el 24 de octubre sin actualizar los cargos de algunas de las personas que figuran en él. Es el caso de la actual consejera de Acción Exterior y Transparencia, Meritxell Serret, que accedió al cargo el 11 de octubre. Se refiere treinta veces a activistas de la «minoría catalana», expresión que da a entender que todos los catalanes comparten los planteamientos de estos activistas, y dice que todas las personas supuestamente espiadas forman parte de esta minoría, cuando en el CatalanGate de Citizen Lab hay dos vascos –Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu– y un chileno-alemán –Gonzalo Boye.
Es evidente que los tres relatores –Fernand de Varennes, Irene Kahn y Clement Nyaletsossi Voule– se han limitado a dar por bueno el documento que les hizo llegar Marta Rovira, añadiendo algunos errores a los que ya incorporaba el escrito de la secretaria general de ERC. Acaban su informe amenazando al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que es a quien lo han dirigido dándole 60 días para contestar: “El comunicado de prensa indicará que hemos estado en contacto con el Gobierno de Su Excelencia para aclarar las cuestiones relevantes”. El comunicado de prensa, cuando lo hagan, deberá recoger la respuesta que les envió la Misión Permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas, en la que recuerda a los relatores que España es un estado de pleno Derecho y que las intervenciones de comunicaciones se realizan siguiendo los requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico y el correspondiente control judicial y les adjunta el informe que hizo el Defensor del Pueblo sobre este caso.
