La Audiencia Nacional investiga pagos de Telefónica, Repsol y Gas Natural a Triacom

Informes policiales consideren a Madí un hombre-puente y a la productora, un instrumento que escondió la finalidad de las operaciones

David Madí, en un acto en la Compañía General de Aguas de Catalunya
David Madí, en un acto en la Compañía General de Aguas de Catalunya

El juez instructor del caso del 3% en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga contratos y pagos de Telefónica, Gas Natural y Repsol a la productora audiovisual Triacom, relacionada con la presunta financiación irregular de Convergència, entre los años 2009 y 2011, según revela El Periódico.

En esta derivada del caso del 3% centrada en el papel de la productora dirigida por el exgerente de TV3 Oriol Carbó, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han elaborado tres informes que señalan como hombre-puente a David Madí, ex-mano derecha de Artur Mas y ex-alto cargo de Convergència, a quien Telefónica incorporó como asesor en 2013.

Según la misma información, Triacom y Telefónica acordaron el pago de 2,9 millones de euros -materializado en cinco ingresos- por dos vídeos corporativos y el patrocinio de la serie que debía llamarse Jo vull ser, de cuya realización los investigadores policiales no ha encontrado constancia.

Los Mossos y la Guardia Civil, que consideran desorbitado el precio pagado por los vídeos corporativos, concluyen en sus informes que los pagos de Telefónica podrían corresponder a “operaciones subyacentes” con la posible finalidad de obtener una contraprestación económica, como contratos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña (CTTI).

A Triacom le atribuyen un rol de «instrumento necesario para esconder la verdadera finalidad de los pagos». De los 2,9 millones bajo sospecha, destacan los 441.965 euros recibidos por empresas de Madí, los 885.000 recibidos por las empresas de Juan Manuel Parra (proveedoras de Convergència, como Hispart), y los movimientos por 1,6 millones de Triacom hacia otras empresas de Carbó. Supuestamente, el objetivo era evitar impuestos, según el contenido de los informes referidos por El Periódico.

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